Unicef procupada por aprobación de Ley de Integridad Pública

En la Ley de Integridad Pública se endurecen las penas a los menores que incurran en delitos.

A través de un pronunciamiento oficial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), manifestó su “preocupación” por la aprobación de la Ley de Integridad Pública, que establece sanciones más severas para los menores que delinquen en Ecuador.

En su pronunciamiento, Unicef considera que las reformas que en la Ley se hacen al sistema de justicia juvenil son “regresivas” y afectan “gravemente” a los adolescentes.

“Unicef enfatiza en que este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad, y contravienen la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Ecuador”, recalcó el organismo internacional.

Además, Unicef advierte que el aumento de la pena a los menores podría empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la posibilidad de reintegración para los adolescentes.

“Unicef insta a que las autoridades del Estado garanticen de manera efectiva los derechos de los niños, niñas y adolescentes”, puntualizó el comunicado.

Penas más severas

El 24 de junio del 2025 el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Integridad Pública, en la que se incluyó cambios al Código de la Niñez y Adolescencia, con los que se endurecieron las penas para los menores que cometen delitos.

Con el cambio, los adolescentes que incurran en delitos relacionados con asesinato, narcotráfico, minería ilegal, sicariato, trata de personas, tenencia y tráfico de armas, entre otros, podrá recibir una pena de hasta 15 años de prisión.

Para los delitos que en los adultos se juzga con hasta cinco años de prisión, en los menores se aplicará una pena de hasta dos años; para los de 10 años, la sanción al adolescente llega a cinco años; y para los de más de 10 años, en el menor puede llegar a 12 años de cárcel.

En caso el adolescente infractor colabore eficazmente con las autoridades en la investigación de la infracción, de tal manera que permita procesar penalmente a las personas que le incitaron o enseñaron a cometer un delito, la pena le será reducida a la mitad.

Andrea Salazar

Periodista multimedia especializada en temas políticos, judiciales, económicos y de migración con enfoque nacional.

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