El sentido de pertenencia y admiración hacia el colectivo, la protección brindada, así como la precariedad derivada de la pobreza y la desigualdad social son las principales razones por las que cada vez más niños y adolescentes se vinculan a las bandas del crimen organizado en Ecuador, según datos de un nuevo estudio revelado este miércoles 25 de junio de 2025 por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO).
«En un contexto de ausencia de oportunidades, el ser parte de una organización criminal se vuelve un método de supervivencia y rentable para los chicos y chicas. Ser parte de una organización me vuelve ‘alguien’ en el barrio, donde soy una persona olvidada», dijo a EFE Renato Rivera, director del Observatorio.
Este análisis se hace público un día después de que la Asamblea Nacional de Ecuador aprobase una ley que endurece las penas con hasta 15 años de privación de libertad para adolescentes por delitos graves vinculados a estas estructuras criminales, una medida que causó el rechazo de organizaciones como Unicef y que para Rivera es más bien política.
«La recomendación es que es de vital importancia empezar a trabajar y fortalecer el Comité (para erradicar el reclutamiento de menores) que han creado, con políticas públicas y recursos», añadió.
En el estudio se encuestó a 2.948 adolescentes de nueve ciudades (Manta, Portoviejo, Machala, Babahoyo, Quevedo, Esmeraldas, Santa Elena, Guayaquil y Durán), todas ellas situadas en la región costera de Ecuador, donde se concentran los mayores niveles de violencia.
Así, el informe da cuenta de una alarmante situación que ha ido creciendo desde 2019, cuando, en el marco de una profunda y sostenida crisis penitenciaria, emergieron nuevas bandas criminales que han ido aumentando su poder especialmente en estos territorios.
Solo en 2024, más de 3.500 menores fueron detenidos como parte de las acciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas criminales, según confirmó la pasada semana a EFE el ministro del Interior, John Reimberg.
Del total de personas encuestadas en esta investigación, el 8,1 % aceptó pertenecer a un grupo criminal, lo que implica que aproximadamente uno de cada diez entrevistados (alrededor de 300 menores) reconocieron su afiliación a una banda.
El sentimiento de importancia y respeto, señalado por el 22 % de los encuestados, es la principal motivación para integrarse a estos grupos, seguido por el deseo de abandonar el hogar, con un 11 %. Apenas el 13 % de los encuestados reconoce haber sido obligado o amenazado por la banda para formar parte de ella.
«La vinculación criminal debe ser entendida no sólo como un fenómeno penal o de seguridad, sino como un proceso sociocultural y territorial. Implica reconocer que la participación de niños, niñas y adolescentes en estructuras delictivas responde a trayectorias marcadas por la pobreza, la violencia intrafamiliar, la deserción escolar, la falta de referentes positivos y la normalización de lo ilícito», se detalla en el documento.
Grupos criminales en barrios y escuelas
Las encuestas evidenciaron una presencia generalizada de grupos criminales en barrios, centros educativos y espacios públicos.
El 51,1 % de los menores encuestados, con edades entre 12 y 17 años, afirmó conocer de la presencia de bandas criminales en su sector o barrio. Las ciudades de Santa Elena y Durán registraron los niveles más altos de percepción, con un 77 % y 75 % respectivamente. Les sigue Guayaquil, con un promedio cercano al 70 %.
El 27,6 % de los entrevistados reportaron tener conocidos vinculados a bandas y el 13,6 % indicaron tener familiares en dichas organizaciones, una situación tildada de «preocupante» por el Observatorio.
«Los niños mencionan tímidamente que algunos de sus amigos son parte de diversas bandas. Esta timidez, en parte puede ser explicada por una vergüenza implícita en la declaración, pero sobre todo matizada por el miedo», se afirma en el informe.
Espacios como el educativo se han convertido en «escenarios de visibilización de la cultura de violencia y legitimidad» de los grupos criminales, «donde la ausencia de herramientas de convivencia escolar, evidencian la debilidad del sistema educativo para enfrentar esta problemática», se alerta en el documento.
El estudio enfatiza en la urgencia de intervenir en los territorios más vulnerables con programas de desarrollo social, fortalecimiento del tejido comunitario y acceso efectivo a derechos básicos.
«Solo así será posible reducir las condiciones estructurales que favorecen la vinculación de adolescentes a grupos criminales, y promover alternativas reales que les permitan construir un proyecto de vida al margen de la violencia y la ilegalidad», concluye el Observatorio. (EFE)-(I)
