Una de las características esenciales de un régimen democrático es la denominada “independencia de poderes”, es decir, que Legislativo, Ejecutivo y Judicial no estén bajo el control de uno de estos poderes. En el caso actual del Estado ecuatoriano, sin embargo, esta independencia no existe; una situación que se nota, sobre todo, en la dependencia de la Asamblea Nacional (poder Legislativo) al Gobierno Nacional (poder Ejecutivo).

En esto marco, cuando los actuales miembros de la Asamblea Nacional acaban de cumplir un año de haber asumido sus funciones, el resultado de su gestión asomaría como negativo, tanto en el ámbito de la elaboración de Leyes como en el de la fiscalización de los órganos del poder estatal.

En el primer caso, en general las Leyes elaboradas, más que responder a las verdaderas necesidades de la mayoría de la población, han respondido a las demandas y urgencias económico-políticas del Gobierno, las mismas que estarían en sintonía con los intereses de grandes grupos de poder económico (ligados, por ejemplo, al sector minero y energético) y de organismos financieros internacionales.

En cuanto a la labor de fiscalización, esta aparecería prácticamente como nula; pues casos de corrupción e irregularidades, que comprometerían a ministros y a altos funcionarios del Gobierno, no han merecido la investigación y el juicio político por parte de la Asamblea. Entre estos casos y como más emblemáticos están, por ejemplo, el caso PROGEN y el de la responsabilidad política del Ministro de Defensa en el caso de “los 4 niños de las Malvinas”. Tampoco la mayoría de la Asamblea ha hecho nada frente a situaciones irregulares como el desabastecimiento de medicinas e insumos en los hospitales públicos, los cortes de energía eléctrica en ciertas zonas del país, y la reciente falta de abastecimiento de gasolina en las estaciones de servicio. 

Por otro lado, una característica de la actual dirección de la Asamblea ha sido su actitud autoritaria frente a los asambleístas opositores al Gobierno, con situaciones como negarles la palabra y sancionarles por cuestiones que, en algunos casos, han sido injustificables; amén de impedir el debate en torno a proyectos de Ley importantes, por sus efectos sobre la mayoría de la población. (O)