Con las diferencias del caso, si la crisis sanitaria por el Covid 19 devino en corrupción, ¿estamos a las puertas de similar desgracia con la eléctrica, con mayor razón si se avecina el periodo de estiaje?
La Contraloría detectó irregularidades en los contratos suscritos con Progen Industries y Austral Technical Management. Entre las dos debían proveer 241 megavatios.
Tras difundirse los informes, el Ministerio de Energía se remece. Su titular, Inés Manzano, no encuentra explicaciones contundentes, excepto congraciarse con las renuncias de funcionarios de alto tanto, supuestamente involucrados.
La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) trasladó sus responsabilidades a sus diferentes Unidades de Negocio para firmar aquellos dos contratos por $239.030 millones.
Desde hacía varios años se hizo costumbre que los ministros o el gerente general de alguna empresa pública suscriban contratos.
Al contrario, como en el caso referido, delegan a otros, seguramente amparándose en alguna norma legal.
Al descubrirse irregularidades y estalla el escándalo por corrupción, les es fácil lavarse las manos y decir, yo no fui, fue él, ni siquiera lo conozco. Sobran los ejemplos.
En los cuestionados y hasta ya casi contratos fallidos habría indicios de responsabilidad penal.
La Comisión Nacional Anticorrupción solicitó la intervención de la Fiscalía para conocer a los funcionarios cuya negligencia, por decir lo menos grosero, pone en riesgo el abastecimiento de energía acorde con la altísima demanda y ante potenciales nuevos apagones.
Por lo pronto, ha renunciado el Viceministro de Electricidad, antes gerente general de la CELEC en cuyo periodo se suscribieron los contratos. Claro, él no estampó su firma.
Haber inspeccionado vía Zoom la calidad de los equipos a ser instalados, apenas es una muestra de la desfachatez de funcionarios sin un dejo de personalidad ni de responsabilidad.
