Pacientes que claman por medicamentos o tratamientos que por meses se les ha negado y proveedores que exigen la cancelación por sus servicios, son parte de los reclamos que constantemente recibe el Gobierno por atraso en los pagos. Los alcaldes, el 8 de septiembre, se unieron a los reclamos para advertir medidas de hecho por una deuda que asciende a los 643 millones de dólares.
“No tener las asignaciones a tiempo, por hasta cinco meses, nos está llevando al límite y a pensar incluso a cerrar algunas instituciones que son garantía de servicios y derechos, estamos al borde del colapso”, afirmó Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME).
Según lo expuso el dirigente, el Gobierno le debe a los 222 municipios que tiene el país 643 millones 240 mil dólares, de los cuales, 543 millones 710 mil corresponden al Modelo de Equidad Territorial, 10 millones 600 mil a Patrimonio, 8 millones 600 mil al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y 4 millones 60 mil a la Ley 047 (asignaciones por venta de energía).
En su intervención ante la Comisión de Régimen Económico de Asamblea Nacional, Gary Coronel, subsecretario de Finanzas, confirmó que en el primer semestre de 2025 el Gobierno destinó 3.590 millones de dólares a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), de los cuales 1.109 millones de dólares fueron a los municipios, pero el atraso por los pagos sobrepasaba los 1.700 millones.
Acciones de protesta
Como consecuencia, varios de los casi 50 alcaldes que vinieron a Quito señalaron que les deben el sueldo a sus empleados, tienen deudas con proveedores y han suspendido la ejecución de obras.
“No descartamos una marcha, si no tenemos atención, constitucionalmente estamos amparados; el presidente de la República tendrá una marcha, nosotros también estamos en el justo derecho”, recalcó el presidente de la AME.
Además, se anticipó la presentación de una demanda de inconstitucionalidad y una acción de protección ante la Corte Constitucional.
El diálogo bloqueado
Según explicó Maldonado, hasta hace dos semanas se había mantenido en diálogo con la ministra de Economía y Finanzas, Sariha Moya, para ver las posibilidades de que el Gobierno se iguale en el atraso de los pagos a los municipios, pero, el acercamiento se terminó, aseguró, por intereses políticos.
“Penosamente, se han cerrado las posibilidades de diálogo con las autoridades, con la ministra no hemos podido tener respuestas, a pesar de las múltiples exigencias, de manera formal e informal, esto ha generado zozobra”, afirmó el presidente de AME.
La injerencia política
En lugar se acercarse a la directiva actual de la Asociación, el Gobierno se mantendría en diálogo con los candidatos a dirigir la organización, específicamente con Yuri Colorado, alcaldesa del cantón Muisne, quien sería la candidata del Régimen para presidir la AME, según señaló Maldonado.
El 20 de octubre de 2025 se realizarán las elecciones en AME y, según los alcaldes que llegaron a Quito, existe una especie de represalia en contra de quienes no se han alineado al Gobierno y un apoyo, incluso con presupuesto, a los burgomaestres que están al Régimen.
Un ejemplo de esto, para Maldonado, es lo que ocurre con las prefecturas, mientras a los municipios no se les paga, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope) informó que el Gobierno les desembolsó 527 millones de dólares, como parte de la deuda histórica; este organismo está presidido por Clemente Bravo, prefecto afín al Régimen.
Se pidió una versión del Ministerio de Economía y Finanzas sobre la queja de los alcaldes, ante el atraso en los pagos, pero, se informó que el pronunciamiento se lo dará a conocer oportunamente.
Más protestas por pagos atrasados
Solo este 8 de septiembre, dos organizaciones de pacientes protestaron en contra del Gobierno, pues el atraso en los pagos los habría dejado sin atención médica y sin las medicinas que requieren.
En la Plaza Grande, frente a las instalaciones de la Presidencia de la República, los familiares de los niños padecen distrofia muscular de Duchenne, denunciaron que sus hijos llevan más de 10 meses sin recibir el medicamento indispensable para su tratamiento, por falta de gestión del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Adicionalmente, más de 19 mil pacientes renales pidieron una respuesta del Gobierno, pues por falta de pago las clínicas de diálisis les han suspendido los tratamientos, lo cual pone en riesgo sus vidas; responsabilizaron a las autoridades gubernamentales por lo que les ocurra.
Según la ejecución presupuestaria de los dos primeros trimestres del 2025, la deuda que el Gobierno tenía con los proveedores del Estado ascendía a 325 millones de dólares. (I)
