Daniel Noboa, presidente del Ecuador, anunció su intención de no continuar con el proyecto minero Loma Larga, ubicado en Cuenca y San Fernando, en Azuay. Lo hizo durante una entrevista con radio La Suprema Estación.
La concesión minera ha sido cuestionada por su ubicación en un área de páramo, considerada estratégica por ser zona de recarga hídrica y fundamental para garantizar el abastecimiento de agua.
Noboa solicitó al Municipio de Cuenca y a la Prefectura del Azuay que presenten informes jurídicos y técnicos sobre los riesgos que, según ya han señalado, implicaría la explotación.
El primer mandatario indicó que esos reportes se incorporarán al proceso legal a cargo del juez constitucional Cárdenas Rivera, quien deberá resolver si el proyecto continúa o se suspende.
Además, advirtió que, en caso de una demanda de Dundee Precious Metals (DPM) Ecuador, empresa propietaria del proyecto, el municipio y la prefectura deberán sustentar sus informes.
Comunicado
“No voy a seguir con este proyecto; por eso está el comunicado oficial donde se indica: señores municipio y prefectura, háganse cargo ustedes y presenten sus informes”, dijo.
Sin embargo, puntualizó: “si en el futuro deben acudir a la corte de arbitraje en Londres para enfrentarse a Dundee, tendrán que sustentar sus reportes, incluso frente a un experto de máximo nivel de la Universidad de Cambridge…”.
Noboa añadió que la disputa con DPM, que es de Canadá, ha provocado un retraso en el tratado de libre comercio que Ecuador pretende firmar con ese país del norte.
Concluyó: “el Estado respalda la decisión de los cuencanos, pero también debe dejar claro que, en algún momento, habrá responsabilidades… Y, ante cualquier problema futuro, deberán sustentar sus informes”.
Juan Cristóbal Lloret, prefecto del Azuay, fue el primero en responder a la propuesta de Noboa. Señaló que, incluso antes de conocer este planteamiento, ya contaban con un informe técnico sobre el riesgo de contaminación en Loma Larga.
Prefecto
Citó que, según los artículos 313 y 226 de la Constitución del Ecuador, y el 166 del Código Orgánico del Ambiente (COA), es deber del gobierno central asumir decisiones sobre actos administrativos como las licencias ambientales.
“Sin embargo, debo decirle al pueblo azuayo que este prefecto y esta prefectura no se apartará de la defensa legítima del agua, de la vida y de nuestros páramos…”, mencionó.
Afirmó que, incluso antes del comunicado del Gobierno Nacional, habían remitido oportunamente informes técnicos que evidencian el peligro que representa la explotación minera en Quimsacocha.
Ofreció, además, que si es necesario, están dispuestos a fortalecer y a incorporar más criterios técnicos que respalden la defensa de Azuay y Cuenca frente al proyecto minero.
Advertencia
Advirtió también que en el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) hay funcionarios con “claros intereses propios” para favorecer a la minera.
Explicó que esto se presume porque el MAATE emitió la licencia ambiental con irregularidades, incumpliendo la ley y disposiciones judiciales, y solicitó que se revoque el permiso otorgado a la compañía.
Hasta el cierre de esta edición, Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, no se había pronunciado sobre la solicitud de Noboa, indicando que antes de hacer declaraciones debe analizar el tema.
Alberto Acosta
Alberto Acosta estuvo al frente del Ministerio de Energía y Minas en 2007, fue presidente de la Asamblea Constituyente de Montecristi y candidato a la Presidencia del Ecuador.
Para Acosta, el Gobierno Nacional no puede trasladar su responsabilidad a la Prefectura del Azuay ni al Municipio de Cuenca, cuando fue precisamente esta instancia la que otorgó la licencia ambiental a la empresa minera.
Señaló que lo hizo incluso sin considerar la sentencia de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, que ordenó no avanzar en el trámite administrativo hacia la fase de explotación hasta que se cumplan las medidas de reparación establecidas.
“Además, se desconoce el principio de precaución y la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental: aquí la única que debe sustentar y no ha podido es la empresa minera…”, afirmó.
Marcelo Cabrera
Marcelo Cabrera fue dos veces alcalde de Cuenca y dos veces prefecto de Azuay. Es ingeniero civil, fue catedrático de la Universidad de Cuenca y cuenta con un Diplomado en Hidrogeología por la Universidad de Londres, Reino Unido.
“Me sorprendieron las declaraciones del señor presidente; con el respeto que se merece debo decir que ni la Alcaldía ni la Prefectura en ningún momento hemos otorgado concesiones a nadie y, mucho menos, hemos emitido licencias ambientales…”, expresó.
Aclaró que fue el Gobierno Nacional el que, en distintos momentos, realizó estos trámites, por lo que debe asumir la responsabilidad tanto de ellos como de sus consecuencias. Los gobiernos locales no tienen por qué hacerse cargo.
Insistió en que el Municipio de Cuenca, a través de la Empresa de Telecomunicaciones, Agua Potable y Alcantarillado (ETAPA EP), ya presentó un informe sobre el riesgo de contaminación en Loma Larga.
Sebastián López
Sebastián López es catedrático de la Universidad del Azuay (UDA) y de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es PhD en Derecho Constitucional e investigador.
López considera que la propuesta de Daniel Noboa es un “sin sentido jurídico, no conoce el ámbito de competencias ni la responsabilidad estatal; es un absurdo lo que acaba de decir el presidente…”.
Explicó: “Siempre la responsabilidad recaerá sobre el gobierno central, piense usted que quien otorgó la concesión en su momento fue el ministerio del ramo respectivo…”.
Por eso, advirtió este profesional del derecho que “cualquier evento que se haya producido solo da pie a una eventual —no estoy afirmando— responsabilidad estatal…”.
Acotó: “Esto no puede traducirse, a partir de una delegación del presidente, en cabeza del gobierno autónomo descentralizado cantonal, que, dicho sea de paso, ya había advertido al Ejecutivo sobre una serie de irregularidades…”.
Verónica Iñiguez
Verónica Iñiguez es asambleísta por Loja. Es PhD en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent, Reino Unido, y Máster en Ciencias Ambientales por la Universidad de Zürich, Suiza.
Iñiguez participó ayer en la sesión de la Comisión de Control Constitucional de la Asamblea Nacional, realizada en Cuenca, donde se abordó el proyecto minero Loma Larga.
Para Iñiguez, el pronunciamiento y comunicado de Daniel Noboa “lo único que demuestra es que no sabe cómo asumir la responsabilidad del problema que está generando en estos momentos…”.
Considera que se trata de una estrategia para desmovilizar la marcha por el agua prevista para el 16 de septiembre. Además, aclaró que la competencia sobre minería metálica es exclusiva del gobierno central, no de los seccionales.
Inés Manzano
Inés Manzano es la titular del Ministerio de Energía y Minas. Cuando estuvo al frente del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) fue quien otorgó la licencia ambiental para la explotación de Loma Larga.
Manzano aclaró que los resultados de la consulta popular del 7 de febrero de 2021 en Cuenca, donde el 80 % de la población dijo no a la minería en fuentes de agua, no tienen carácter retroactivo.
“Lo que es importante es que estamos cumpliendo la norma, acatando la sentencia y asegurando toda la legalidad y la seguridad que debemos garantizar como Estado…”, mencionó.
Indicó que esperarán a que el Municipio de Cuenca y la Prefectura del Azuay emitan sus informes técnicos, cumplan sus actos administrativos y asuman la responsabilidad correspondiente.
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