Dos ciudadanos fueron detenidos el 15 de septiembre de 2025, durante las protestas de transportistas que cerraron la vía en el sector de El Descanso, en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, medida fue dispuesta por el presidente Daniel Noboa mediante el Decreto Ejecutivo 126, el pasado 12 de septiembre.
La Policía Nacional intervino en esa zona, en el límite entre Cuenca y Azogues, donde un grupo de manifestantes bloqueó la vía con sus vehículos.
El coronel Hugo Arroyo Maldonado, comandante de Policía de la Subzona Azuay, explicó que alrededor de las 9:30 unos 20 transportistas cerraron la vía.
“Dialogamos para habilitar, pero no accedieron. De manera verbal se les dijo por tres ocasiones, pero no hubo aceptación, ni intención de habilitar la vía. Actuamos respetando sus derechos, sin uso de gases, aplicando el uso progresivo de la fuerza”, indicó a El Mercurio.
«Dos personas fueron detenidas por obstaculizar el derecho a la libre circulación«.
Este delito está tipificado en el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual establece que la paralización de servicios públicos es sancionada con uno a tres años de privación de libertad.
La interrupción de transito duró poco mas de tres horas. En primera instancia, los transportistas se concentraron cerca del intercambiador de Guangarcucho, pero ante la presencia policial, se desplazaron hasta El Descanso, donde continuaron con el bloqueo de la vía.
Reclamos
De forma paralela, representantes de las siete ramas del transporte en Azuay realizaron una marcha por las calles del Centro Histórico hasta la Gobernación. Allí entregaron un manifiesto al gobernador Xavier Bermúdez en el que solicitaron la derogatoria del Decreto 126.
Participaron la Cámara de Transporte de Cuenca, el transporte escolar, mixto y pesado, así como gremios de taxistas y choferes profesionales.
Javier Mogrovejo, presidente de la Federación de Transporte Escolar, señaló que los pedidos principales son dos.
“Pedimos la derogatoria del decreto 126 y que los beneficios anunciado por el Gobierno se aborden en reuniones en cada provincia con los actores locales”.
Patricio Narváez, secretario del Sindicato de Choferes del Azuay, cuestionó el impacto de la medida. “Perjudica a la canasta básica y no solo al transporte. Sobre las compensaciones no estamos de acuerdo, porque con el taxismo no se cumplieron en su momento”, aseguró, en alusión al esquema planteado tras la eliminación del subsidio a las gasolinas.
Diego Idrovo, presidente de la Cámara de Transporte Urbano de Cuenca, advirtió que el déficit del gremio pone en riesgo la operación.
“Calculamos en las proyecciones unos 720 dólares de afectación mensual (para cada una de las unidades). Estamos con serios problemas, incluso con la posibilidad de suspender actividades por falta de equilibrio económico”, dijo Idrovo.
El dirigente también pidió al Concejo Cantonal revisar la tarifa del pasaje urbano.
Reunión
El gobernador Bermúdez, informó que tras reunirse con los gremios del transporte se acordó mantener los espacios de diálogo, sin bloqueos en las vías.
Agregó que, se realizaron recorridos de control en distintos puntos. Entre ellos, Y de Sayausí, Y de Tarqui, vía Cuenca–Girón–Pasaje, sector ferretería Continental – Control Sur, donde se reportó normalidad en la circulación.
“Todas las acciones se realizaron en coordinación con Policía Nacional y Comisión de Tránsito del Ecuador, garantizando el derecho a la movilidad de los ciudadanos”, posteó en redes sociales..
Efectivos de la policía se desplegaron en las vías para mantener las vías despejadas.
Control de precios
Asimismo, el gobernador detalló que se realizan operativos en mercados y estaciones de servicio para evitar la especulación de precios tras la entrada en vigencia del nuevo valor del combustible.
“El fin de semana recorrimos los mercados y los precios se han mantenido. Con los incentivos que se entregarán a los transportistas no debería haber incrementos en los productos”.
Con el Decreto Ejecutivo 126, el precio del galón de diésel pasó de 1,80 a 2,80 dólares. Este valor se mantendrá hasta el 11 de diciembre de 2025, cuando entrará en vigencia el mecanismo de estabilización de precios establecido en el mismo decreto.
En paralelo, el Decreto 125 establece un plan de compensaciones para el transporte de pasajeros y carga.
“Gobierno pudo priorizar otras medidas”
Luis Tobar, analista económico, explicó que un subsidio debe cumplir tres condiciones:
- Ser temporal
- Estar focalizado
- No distorsionar la economía.
En el caso del diésel en Ecuador, dijo, ninguna de estas características se cumplió.
“El subsidio al diésel ha durado décadas, no fue focalizado y terminó distorsionando la economía. Sin embargo, la decisión de eliminarlo llega en un momento complejo para el país”, dijo.
El Estado destinaba alrededor de 1.100 millones de dólares anuales al subsidio al diésel. Con su eliminación, se aliviará parcialmente el déficit fiscal, que bordea los 6.600 millones de dólares.
El analista sugirió que el Gobierno pudo haber priorizado otras medidas antes de eliminar el subsidio, como recuperar deudas con el Estado.
“Hay 25 empresas que adeudan 700 millones de dólares, 100 empresas con deudas de 1.700 millones y 500 que deben 2.600 millones. Recuperar esos recursos habría sido una alternativa para la caja fiscal”.
El analista recordó que la recaudación tributaria apenas creció 2 % hasta julio de 2025. “Estas condiciones debieron ser evaluadas antes de tomar la decisión”, afirmó.
“En términos técnicos, la medida puede ser correcta, pero en términos reales puede generar dificultades porque el Ecuador enfrenta crisis económica, desempleo e inseguridad. El subsidio al diésel debía retirarse, pero no en este momento. Las condiciones no son las apropiadas”.
Efectos inmediatos
Para Tobar, el incremento del precio del diésel —de 1,80 a 2,80 dólares por galón, es decir, un alza de 55 %— tendrá repercusiones. La primera, una eventual especulación. “Cuando sube el combustible, suben los costos de transporte. Eso genera incertidumbre y reajustes en precios”, mencionó.
Cuestionó las compensaciones anunciadas por el Gobierno, por ocho meses. “Una vez terminado ese tiempo quién va a asumir esa diferencia, practicamente, sale de los mismos ecuatorianos la compensación al valor del transporte”, indicó.
También planteó dudas sobre el destino de los recursos liberados. “Se ha dicho que se invertirán en salud, educación y seguridad. Pero ya pasó con el IVA destinado a seguridad y no hubo mejoras. Eso genera desconfianza”, comentó.
“El Gobierno ha incrementado una serie de bonos, sin embargo, el mejor bono que pueden dar a los ecuatorianos es un empleo digno”, concluyó. (I)
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