La democracia ecuatoriana se fortalece cuando el pueblo, titular del poder constituyente, puede pronunciarse directamente sobre su futuro. La consulta popular, como mecanismo de participación ciudadana previsto en la Constitución, representa la vía más legítima para decidir si es necesaria una Asamblea Constituyente que renueve el pacto social.
No se trata de desconocer la validez de la Constitución vigente, que ha consolidado derechos y garantías fundamentales, sino de reconocer que ciertas disposiciones han limitado el progreso económico y debilitado la institucionalidad. Por ello, resulta indispensable revisar y actualizar el marco normativo a fin de responder a las exigencias actuales de desarrollo, estabilidad y gobernabilidad.
Permitir que el pueblo decida mediante consulta no constituye una amenaza al orden democrático, sino un acto de reafirmación de la soberanía popular. Es precisamente la legitimidad ciudadana la que otorga fuerza al derecho constitucional y asegura que las transformaciones estructurales nazcan del mandato directo de los ecuatorianos.
La Asamblea Constituyente debe entenderse como un espacio para preservar conquistas sociales y, al mismo tiempo, corregir los vacíos que impiden avanzar. La historia enseña que los Estados progresan cuando ajustan sus normas a la realidad. La voz ciudadana es el mejor camino hacia un Ecuador con instituciones sólidas, justicia social y un horizonte compartido. (O)
X: @monicabanegasc