Análisis político
Las denuncias públicas en contra del Presidente del Consejo de Judicatura Mario Godoy, por presuntas presiones al Juez anticorrupción Carlos Serrano, para que falle a favor de un narcotraficante, ha desatado en el país una ola de cuestionamientos e indignación en diversos sectores de la opinión pública; tanto más que no sería el primer caso de presiones a Jueces, pues hay que recordar una denuncia anterior de la Jueza Sonia Vera, que habría sido presionada para que falle en contra de la ex Vicepresidenta Verónica Abad. A esta situación se suma el hecho de que Godoy, antes de asumir la Presidencia de la Judicatura, habría estado relacionado como abogado con la defensa de casos que involucrarían a narcotraficantes; una defensa en la también habría participado su esposa.
Se trata de hechos preocupantes que, si hubiera ética pública y una institucionalidad fuerte en Ecuador, debiera haber conllevado la renuncia de Godoy al frente de máximo organismo de la Función Judicial. Pero lejos de esto, y a contrapelo de la renuncia del Presidente de la Corte Nacional de Justicia que fue el que hizo posible en nombramiento de Godoy, éste más vale se halla aferrado al cargo, con una actitud desafiante, sancionado Jueces, destituyendo a los Directores Provinciales de la Judicatura y con la intención de llevar adelante el nombramiento de Jueces temporales. Y esto lo haría porque todavía se siente apoyado por el Gobierno, al cual ha servido incondicionalmente.
Si bien en la Asamblea Nacional se ha iniciado el trámite para un juicio político a Godoy, habría que ver si finalmente los asambleístas de ADN dan sus votos para su censura y destitución; pues Godoy todavía le puede resultar útil al Gobierno para el control del Organo Judicial del Estado, sobre todo luego de que los Jueces de la Corte Nacional designaran a Marco Rodríguez como Presidente encargado de la misma y no a Daniela Camacho, como pretendía el Gobierno.
En el fondo la agravada crisis institucional de la Justicia se debe al hecho de que, como ya ha pasado en Gobiernos anteriores, el Gobierno actual pretende seguir controlando las instituciones encargadas de administrar la Justicia, esto es, que siga instrumentalizada para fines políticos, antes que para combatir el crimen y la corrupción. (O)
