La tensión diplomática entre Ecuador y Colombia se activó esta semana a partir de un mensaje publicado por el presidente Daniel Noboa, en el que se acusó a Colombia de falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Como respuesta, y bajo el argumento de la “reciprocidad”, el Gobierno ecuatoriano anunció la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, sin que mediara una propuesta concreta de acción conjunta ni una hoja de ruta diplomática previamente planteada.

La reacción del gobierno colombiano, encabezado por el presidente Gustavo Petro, fue inmediata y también basada en la reciprocidad. Frente al anuncio ecuatoriano, Bogotá respondió con medidas arancelarias equivalentes y con la restricción de las exportaciones de energía hacia Ecuador. Más allá del impacto simbólico, la escalada revela una asimetría evidente: la balanza comercial bilateral es desfavorable para Ecuador, lo que limita seriamente la eficacia de una estrategia de presión comercial y, en cambio, amplifica los costos internos, particularmente en un contexto de vulnerabilidad energética.

Existen prácticas de presión que el mundo ha comenzado a cuestionar e incluso a abandonar. El uso de restricciones arancelarias como herramienta de confrontación política no solo resulta poco inteligente en términos comerciales y diplomáticos, sino que es desacertado para la búsqueda de cooperación internacional en materia de seguridad. En el mejor de los casos, estas medidas no producirán resultados; en el peor, servirán únicamente para construir un nuevo responsable externo cuando persistan la inseguridad y las dificultades en el abastecimiento energético: el presidente Petro.

No sorprende, entonces, que los gremios de la producción hayan hecho un llamado al diálogo y a la cordura, ni que la Comunidad Andina de Naciones haya advertido que el incremento de aranceles contraviene los compromisos vigentes entre los Estados miembros. La lucha contra el narcotráfico exige cooperación sostenida, inteligencia compartida y diplomacia profesional. Convertir un problema estructural y transnacional en un intercambio de reproches y sanciones públicas puede tensionar relaciones estratégicas, pero difícilmente acerca soluciones duraderas.