Josué Bravo, presidente del Consorcio de Gobiernos Parroquiales Rurales de Cuenca, evaluó en el programa Voces del Sur de Diario El Mercurio la situación actual de las 21 juntas parroquiales.
Según Bravo, existen problemas por limitados recursos, además de la inseguridad que enfrentan las localidades.
¿Cuál es el mayor problema que afrontan las juntas parroquiales de Cuenca?
El principal obstáculo es la falta de recursos económicos. Existen varios proyectos en vialidad, agua potable y alcantarillado que no han podido ejecutarse por esta limitación. Para las autoridades, el mayor desafío es gestionar mayores fondos, considerando que la ruralidad requiere atención inmediata y sostenida.
Las juntas parroquiales reciben recursos del Ministerio de Finanzas, la Prefectura del Azuay y el Municipio de Cuenca por la delegación del mantenimiento vial y presupuestos participativos.
¿Existen facilidades de las entidades financieras para acceder a créditos?
Algunas juntas parroquiales mantienen deudas pendientes, mientras que otras se encuentran gestionando nuevos financiamientos. La suscripción de convenios con la Prefectura y el Municipio ha facilitado la ejecución de obras, ya que realizarlas de manera independiente resulta complejo.
¿En ese sentido, cómo cumplir con la atención vial, uno de los principales reclamos de la ciudadanía?
Es necesario fortalecer la articulación interinstitucional y, sobre todo, la planificación con el fin de consolidar las necesidades viales de cada jurisdicción. El apoyo de la Prefectura y el Municipio resulta indispensable para ejecutar obras mediante mingas, considerando que cada junta parroquial enfrenta una realidad distinta para alcanzar este objetivo.
¿Cómo están atendidas las parroquias frente a problemas de deslizamientos?
Las parroquias enfrentan serias complicaciones por el riesgo de deslizamientos. Sin bien las juntas parroquiales conocen y tienen delimitadas las zonas de remoción de masas, es fundamental la corresponsabilidad ciudadana para que no construyan en sectores inestables. Por ello se exhorta a la población a acercarse a las juntas parroquiales para recibir asesoramiento técnico y evitar edificaciones en lugares inapropiados, como los cauces de quebradas.
¿Algunas autoridades parroquiales se quejan de una exclusión municipal por no pensar igual que la autoridad o por no estar de acuerdo con ordenanzas?
El factor político influye, en cierta medida. Como Consorcio, se ha procurado actuar como un ente articulador entre las distintas instituciones para impulsar proyectos y mantener una relación armónica. No obstante, es necesario que todas las entidades fortalezcan y gestionen de mejor manera su relación con las autoridades parroquiales.
¿Qué pasa en la relación de algunas juntas parroquiales con el Municipio, existen quejas por demasiado protagonismo?
Las juntas parroquiales cuentan con autonomía para ejecutar las obras con los recursos transferidos por el Municipio; sin embargo, se generan conflictos al momento de la inauguración, debido a que personal de las áreas de Comunicación y Gobernabilidad Municipal asumen un protagonismo excesivo.
¿Cómo ha sido el trabajo con la Prefectura?
Se ha venido trabajando en varios proyectos viales y productivos, además de iniciativas de carácter social como Comunidades por la vida.
En la Prefectura el tema vial resulta complejo, debido a las deudas que mantiene el Gobierno con esta institución, lo que ha afectado la ejecución de convenios con las juntas parroquiales.
La inseguridad es un problema en el cantón ¿Cómo estamos en la zona rural?
En la ruralidad se viven realidades que antes no existían, con problemas graves relacionados con el microtráfico, robos a domicilios y a la ciudadanía. Frente a esta situación, se requiere la intervención urgente de las instituciones responsables de la seguridad.
En reuniones mantenidas con la Policía, se ha coincidido en el que el número de efectivos destinados a los sectores rurales es insuficiente, y preocupa que cada vez se reduce el número.
Se ha solicitado una reunión con el gobernador del Azuay, Xavier Bermúdez, a la espera de una respuesta que permita exponer de manera directa las realidades y necesidades que enfrentan las parroquias rurales.
¿Usted hablado con el gobernador Bermúdez?
Hasta el momento no. Se ha reiterado la solicitud de una reunión; sin embargo, aún no ha sido atendida. La intención no es generar disputas, sino ser escuchados con el objetivo de construir soluciones de manera conjunta.
¿Están conformes con las actualizaciones del PDOT y PUGS?
Asistimos a la nueva generación de esta ordenanza, especialmente en lo relacionado con el lote mínimo. En la parroquia Llacao se aprobó un modelo tipo, el cual se prevé implementar de manera gradual en el resto de parroquias, con el fin de atender las particularidades y realidades de cada localidad.
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