La inseguridad crece cada vez más tanto en Cuenca como en toda la provincia del Azuay.

Las autoridades que representan al Ejecutivo, cuanto las municipales, deben mirar más allá de sus rencillas, a ratos hasta personales, y entender que la provincia, su capital, ya no son islas de paz, donde no pasa nada o casi nada, o si algo pasa no es como para preocuparse.

Al contrario, con las diferencias del caso, se replican acciones delictivas y criminales, comunes en otras regiones del país.

Como ocurrió la semana anterior con la queja de un gran sector de la ciudad, este lunes los dirigentes Federación de Barrios de Cuenca hablaron claro, concreto y hasta con indignación: la inseguridad comienza a desbordarse; no hay paz ni para vivir, ni para trabajar, ni para el esparcimiento en los parques, incluso en las áreas adyacentes a las universidades.

Hay de todo. Desde “delincuencia común” hasta sicariatos, cobro de “vacunas” (extorción) y hasta intentos de secuestro en las vías interprovinciales. Uno de ellos fue frustrado por la Policía en la carretera Cuenca-Girón-Pasaje.

Frente a esta realidad, la ciudadanía mira perpleja el enfrentamiento verbal del gobernador del Azuay con el alcalde de Cuenca y con el prefecto. Cada cual maneja a su antojo las estadísticas de los asesinatos perpetrados en 2025 y en lo que va de enero; se exigen cuentas sobre el alza del IVA o del cobro de la tasa de seguridad ciudadana, de convenios fallidos para recibir motocicletas.

La voz de los barrios como aquellas que se expresan de una u otra manera, censuran ese comportamiento enfermizo. En vez de articular acciones, planes de seguridad, involucrar a todos los sectores organizados para enfrentar a la delincuencia, ellos se trenzan en discusiones estériles, hasta con afanes electoreros. Esto favorece a los antisociales.

Es momento de cambiar de actitud. O se comportan y actúan como autoridades, o decir que son incapaces.