El presidente panameño, José Raúl Mulino, rechazó este miércoles 4 de febrero de 2026 la decisión de la compañía hongkonesa CK Hutchison de iniciar un arbitraje internacional contra Panamá tras la anulación del contrato que le permitía operar dos puertos en el canal interoceánico.

Panama Ports Company, filial de Hutchison, anunció el martes que activó un arbitraje contra Panamá, al alegar que sufrió «graves daños» tras la decisión de la justicia panameña de anular el contrato que le permitía operar desde 1997 los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.

«Rechazo enérgicamente el pronunciamiento» de Hutchison «por razón del fallo de la CSJ (Corte Suprema de Justicia) sobre el contrato portuario. Panamá es un Estado de derecho y respeta las decisiones del Órgano Judicial», dijo Mulino en su cuenta de X.

PPC no especifica el monto de indemnización que solicita y denuncia que la concesión fue anulada tras «una campaña del Estado» en su contra, según el comunicado emitido la noche del martes sobre el arbitraje.

En los meses previos, el presidente Donald Trump había amenazado con recuperar esa estratégica vía construida por Estados Unidos, diciendo que está «bajo control» de Pekín, pese a que está administrada por una institución pública panameña autónoma del gobierno.

Según el fallo unánime de la Corte, la concesión tenía «una inclinación desproporcionada a favor de la empresa» sin «justificación alguna» y en «perjuicio de las arcas del Estado».

Tras la decisión judicial, el gobierno panameño anunció que la compañía danesa Maersk asumiría de manera temporal la administración de las terminales portuarias hasta una nueva concesión.

Estados Unidos, que inauguró el canal en 1914, y China son los principales usuarios de la ruta por la que transita cerca del 5 % del comercio marítimo mundial. AFP