La Ley de Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), con la que el presidente Daniel Noboa pretende reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde la Revolución Ciudadana (RC) buscó su archivo, mientras que el oficialismo la defendió.

Por tres horas, la noche del sábado de Carnaval, los legisladores correístas expusieron las razones por las que esta propuesta de ley debe ser archivada, la consideran centralista, que vulnera la autonomía de los GADs y confisca sus fondos; mientras que, desde el oficialismo la califican como un mecanismo de priorización del gasto público a lo que consideran importante, como es la provisión de servicios básicos.

Fallo en el intento de archivarla

Para la RC, la propuesta de ley no tiene opción de mejora, sino que, desde que llegó del Ejecutivo incluso se la empeoró, por ejemplo, adelantando para el 2026 su tiempo de ejecución, que iniciaba en 2027, con lo que se desordenarán los presupuestos de los municipios y las prefecturas que ya están aprobados y que fueron socializados.

Por esta razón, el asambleísta Xavier Lasso (RC) propuso el archivo de la norma, para evitar que el Gobierno central aplique condiciones a la entrega de recursos a los GADs, mediante mecanismos de supervisión y ajuste de transferencias.

“La ley configura un esquema de carácter punitivo y centralista que desborda el objeto de ordenar el gasto y afecta de manera importante la autonomía”, afirmó Lasso, quien presentó la moción de archivo.

Pero, la propuesta de archivo no tuvo los 77 votos necesarios, se quedó con apenas 63 votos a favor, provenientes del correísmo, y con 73 votos en contra; además, de 7 abstenciones.

Abuso en el gasto corriente

La ley que reforma al Cootad reafirma la exigencia a los GADs para que inviertan el 70 % de lo que les entrega el Estado en inversión y el 30 % en gasto corriente, la diferencia radica en que, si ahora no cumplen, los recursos se les reducirán, como una especie de castigo.

Si no alcanzan la fórmula, los GADs pasarán a recibir, del 21 % al 15 % de los ingresos permanentes y del 10 % al 5 % de los no permanentes.

Valentina Centeno (ADN), ponente del proyecto, señaló que la ley nace para frenar el “despilfarro” del recurso público y para que el dinero de la gente se use en cosas realmente importantes.

“No en conciertos, no en consultorías, no en marketing, ni mucho menos en campañas políticas pagadas con plata que debería estar destinada a servicios básicos”, afirmó Centeno.

La legisladora presentó cifras, entre el 2021 y el 2024 los GADs habrían gastado en promedio el 64 % de lo que les entregó el Gobierno en gasto corriente, principalmente pago de sueldos; dejando de lado la realización de obra pública.

Para Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano (PSC), es importante que el Gobierno central, antes de pretender exigir a los GADs un correcto uso del gasto público, ponga el ejemplo, pues para el 2026 destinó apenas el 3 % del Presupuesto para inversión, pero, “los municipios sí quiere que hagan el 70 / 30”.

Recursos para las festividades

Todos los discursos de los legisladores del oficialismo en defensa de la reforma se basaron en el uso excesivo de los recursos que los municipios y las prefecturas hacen para la realización de eventos festivos.

Según Valentina Centeno, en 2025 los GADs destinaron 63 millones de dólares para la realización de fiestas, mencionó a Quito con 7 millones de dólares; Guayaquil con 4,4 millones; Machala con 2 millones y Cuenca con 1,8 millones.

Para Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, este tema es “una cortina de humo inventada”, con la que el Gobierno pretende justificar el recorte a los presupuestos de los GADS, pues si el objetivo es limitar estos gastos; sería más efectivo, dijo, que se prohíban las fiestas.

Paola Pabón, prefecta de Pichincha, coincidió con la propuesta de Zamora, incluso se ofreció a colaborar con la reforma al artículo 144 del Cootad, que obliga a los GAD a realizar actos culturales; lo que se podría hacer, dijo, es limitar estos gastos, sin afectar la entrega de recursos.

Advierten afectación a más de 27 mil estudiantes

Los padres y representantes de los estudiantes de los colegios municipales de Quito se pronunciaron a través de un comunicado, en el que advirtieron su ‘profunda preocupación’ ante la reforma al Cootad, que pone en riesgo el derecho a la educación de 27 mil estudiantes.

“Los Comités Centrales de Padres y Madres de Familia rechazan cualquier disposición normativa que comprometa la sostenibilidad de la educación municipal y exhortan a la Asamblea Nacional a revisar de manera responsable y exhaustiva cada artículo del proyecto de ley”, se informó.

Para la legisladora Mónica Alemán (RC), los proyectos sociales, culturales y educativos de los municipios y prefecturas están en riesgo, porque la reforma de ley no califica como gasto de inversión al pago de salarios de los profesionales que laboran en estos sectores, sino que es gasto corriente.

“La trampa contable más agresiva radica en la reclasificación del gasto, el personal que genera valor agregado y las transferencias de inversión pasan a ser gasto corriente, eso vuelve a la norma incumplible, sobre todo si el Gobierno no cumple con los pagos a tiempo”, afirmó Alemán.

Por su parte el alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, recalcó que la ley que reforma al Cootad acabará con programas de ayuda a los más pobres, que se atienen en comedores comunitarios administrados por los GADs; además, se afectará a todos los programas del área social, deportiva, educativa y de salud.