Los tambores de revocatoria comenzaron a sonar en la conversación digital. Lo que empezó como malestar disperso hoy adquiere forma organizativa.  La Constitución ecuatoriana reconoce la revocatoria del mandato como un mecanismo de regulación democrática. Puede activarse una vez cumplido el primer año de gestión y antes del último año del período, siempre que se alegue incumplimiento del plan de trabajo u otras causales previstas en la ley. El requisito no es menor: al menos el 15 % del padrón electoral debe respaldar con su firma la solicitud —cerca de dos millones de ciudadanos en el caso presidencial y más de 90 mil en la provincia del Azuay-  firmas que luego deben ser validadas por el Consejo Nacional Electoral. Es un procedimiento complejo y exigente.

En el plano local, el alcalde de Cuenca anunció que buscarán la revocatoria de los asambleístas cuencanos que, a su juicio, “traicionaron a su ciudad” al votar a favor de la reforma al COOTAD. En el ámbito nacional, dirigentes de la Fenocin, FENOC, CONAIE, Ecuarunari, el FUT y colectivos sociales hablan de incumplimientos del plan de gobierno, deterioro en salud y educación, decretos que afectan derechos campesinos o decisiones que perciben alejadas de la ciudadanía. A ello se suman críticas por la Ley de Minería, los llamados “cambios de camiseta” en la Asamblea y, en el caso del Presidente, un desgaste acelerado de credibilidad vinculado a la gestión y a la percepción de improvisación.

La revocatoria funciona, sin duda, como válvula de escape democrática ante la frustración social. Permite recordar a los mandatarios que el poder no es un cheque en blanco. Pero también obliga a la ciudadanía a una reflexión más profunda. La decisión, como siempre en democracia, no recae únicamente en quienes gobiernan o en quienes convocan, sino en una ciudadanía que debe ponderar entre la indignación legítima y la responsabilidad colectiva de sostener —y mejorar— el sistema que nos rige.