Con 77 votos justos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, la cual había recibido fuertes críticas de sectores ambientalistas e indígenas, por la eliminación de la licencia ambiental para la ejecución de proyectos mineros.
La votación se la dividió en dos partes, en la primera se incluyeron los artículos del 1 al 28 de la normativa, la cual fue el aprobada; la segunda parte, con un solo artículo, el 29, recibió el rechazo mayoritario, 148 asambleístas, de 150 presentes, votaron en contra de su aprobación.
¿Qué decía el artículo 29?
De acuerdo con las intervenciones de varios asambleístas, lo que más les preocupaba del artículo 29 era la parte que modificaba las regalías que reciben los territorios en los que funcionan las hidroeléctricas que, según la ley actual se entregan a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs).
Según el artículo 56 de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, que pretendía ser eliminado con el artículo 29 de la nueva normativa, el 30 % de las regalías de los generadores de energía eléctrica son destinados a proyectos de desarrollo territorial en el área de influencia de la hidroeléctrica.
Estas regalías son ejecutadas por los GADs, a los que se les distribuyen los fondos de acuerdo con los siguientes criterios: 45 % para las prefecturas, 35% para los municipios y 20% para las juntas parroquiales rurales del área de influencia.
Un discurso unificado
Este 26 de febrero del 2026 en el debate en el Pleno sucedió algo que no se había registrado antes, los legisladores de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) hablaron en contra del artículo 29, el cual sus compañeros de la Comisión de Desarrollo Económico aprobaron hace apenas dos días.
El ponente de la moción para votar la ley en dos partes, el asambleísta por el Azuay, Anthony Becerra, fue el primero que se pronunció en contra del artículo 29, según dijo, en defensa de su provincia.
“Las provincias generadoras de energía eléctrica, Azuay, Cañar, Morona Santiago y Tungurahua sufrimos el impacto de esta actividad, debemos recibir el 30 % del superávit de las empresas públicas de energía eléctrica”, señaló.
Discursos similares emitieron otros legisladores de ADN y de forma coincidente fue lo mismo que dijeron los asambleístas de Pachakutik y los independientes que normalmente votan con el oficialismo.
Todas las intervenciones de los aliados de ADN estuvieron encaminadas al mismo objetivo: que se borre el artículo 29, caso contrario, no darían su voto; respecto a los otros artículos que habían causado polémica, fue poco lo que la mayoría de los legisladores dijo.
La abstención que le costó la curul
Aunque se demoró en consignar su voto, lo hizo solo cuando el oficialismo consiguió los 77 votos que necesitaba para aprobar la ley; el abstenerse en la aprobación de la ley le costó a Paco Cepeda la desafiliación de ADN, según lo informó la propia bancada legislativa.
“Por una actuación incompatible con nuestros principios, nuestra línea política y la confianza depositada por el país. No volverá a principalizarse bajo ninguna circunstancia y exigimos que presente su renuncia al movimiento”, señaló la bancada de ADN en un comunicado.
Por su parte Paco Cepeda, alterno de la asambleísta del Azuay, Camila León, señaló en un mensaje publicado en sus redes sociales que su voto fue en coherencia con la negativa del pueblo azuayo a la extracción minera y en defensa del agua.
Eliminación de la licencia ambiental
Uno de los temas que más polémica despertó sobre la reforma a la Ley de Minería fue la eliminación de la licencia ambiental, la cual será reemplazada por una autorización, con la que se busca facilitar los trámites, aunque, según se especificó en el proyecto, no implica una reducción de los estándares de protección al medio ambiente.
Para Yaku Pérez, exprefecto del Azuay, con la eliminación de la licencia ambiental se descarta un proceso riguroso donde se exigen estudios de impacto ambiental, plan de manejo, evaluación de impactos, línea base y la consulta previa; todo esto se reduce a un permiso administrativo.
Según Pérez, con la nueva ley aprobada no está todo dicho, este 27 de febrero del 2026 esperan el resultado de la acción de protección con medida cautelar que presentaron ante la Corte Provincial del Azuay y planifican llevar el caso a la Corte Constitucional.
Sin embargo, para Adrián Castro, asambleísta del Azuay, la licencia ambiental no está derogada, pues se mantiene en los artículos 41 y 45 de la Ley de Minería, los cuales no fueron modificados.
