En los últimos días, desde el Gobierno o desde instituciones controladas por este, se han tomado una serie de medidas que han causado polémica y críticas, con el argumento de que dichas medidas estarían violando preceptos constitucionales y legales, de que podrían causar perjuicio a determinados sectores sociales, y de que incluso estarían atentando a la libertad de expresión.

Entre esas medidas estarían, en primer lugar, los proyectos de Ley enviados por el Gobierno a la Asamblea con el carácter de “urgencia económica”; tales como el proyecto de reformas al COOTAD recientemente aprobado y que ha recibido cuestionamientos por los perjuicios que podría significar para los presupuestos de los GAD (especialmente para sus programas de beneficio social), y el proyecto de “fortalecimiento” del sector minero y energético, que (entre otras cosas) establece eliminar la necesidad de la licencia ambiental y convertir a las Fuerzas Armadas  en una especie de guardias de seguridad de las grandes empresas mineras.

Otra medida que resultaría polémica es el acuerdo del Ministerio de Trabajo para la flexibilización de la jornada laboral, permitiendo la posibilidad de aumentar la jornada laboral hasta 12 horas diarias, eliminando en la práctica el pago de horas extras y por jornadas en días especiales para los trabajadores; amén de que, desde el punto de vista legal, un acuerdo ministerial no podría modificar lo establecido en la Ley, en este caso el Código de trabajo.

También. una medida que no sólo perjudicaría a los trabajadores, sino a los afilados en general del IESS y que requieren atención médica adecuada, es la resolución para reducir el tiempo de las consultas médicas de 20 a 10 minutos; una cuestión que ya ha provocado el rechazo no sólo de pacientes, sino también de los médicos.

Finalmente, otra medida cuestionada han sido la intervención, ordenada por la Superintendencia de Compañías, en la empresa Granasa que publica los Diarios Extra y Expreso; una situación que no sólo sería denunciada como ilegal por parte de sus directivos, sino que asomaría como un nuevo atentado a la libertad de expresión, especialmente contra la prensa que quiere ejercer su labor periodística de una manera libre e independiente del poder político de turno. (O)