Cuando se da un hecho delictivo con relevancia nacional, ya sea porque se encuentra de por medio el manejo inmoral de dineros del Estado o porque una persona visible en el campo político ha sufrido algún tipo de atentado contra su integridad física o la de algún miembro de su familia, es absolutamente explicable que el ciudadano común, envés de espectar el panorama con una sensación de seguridad sobre el desempeño de los funcionarios encargados de las investigaciones y, más tarde, sobre las decisiones de los jueces respectivos, se vea invadido por una serie de dudas e interrogantes sobre sí la conducción del caso se llevará a cabo con diligencia, con imparcialidad y en apego irrestricto a la normativa vigente, o sí, una vez más, tendremos que asistir a un sainete judicial, interminable, hasta risible a veces, y de cuyos resultados la sociedad rara vez se siente satisfecha.
Cuestionamientos a los fiscales y a los jueces, retardo fraudulento de los plazos judiciales, manipulación de las pruebas, cambios en la calificación de los delitos, sorteos truchos, amenazas, abogados defensores “con antifaz” y redes sociales formando parte del coro perverso, han convertido la administración de justicia en un espectáculo, casi macondiano, que no abona para la buena marcha de una comunidad sana y justa.
Lo sucedido últimamente con la destitución del presidente del Consejo de la Judicatura y su cuestionado reemplazo, así como la falta de candidatos para ocupar la Fiscalía General de la nación y el cuestionado procedimiento para su designación, no son sino muestras fehacientes que nos dan la razón, de sobra, para exigir que las autoridades a quienes corresponde la responsabilidad de hacerlo, se comprometan a dar un golpe de timón, firme y contundente, y sobre todo libre de intereses mezquinos, para enrumbar la administración de justicia por nuevos derroteros.
“Nadie se encuentra por encima de la ley”, debe dejar de ser una frase para la portada de una revista o el marco de una oficina judicial, y convertirse en una práctica diaria a la cual nos acostumbremos con orden, incluido cualquier asambleísta bravucón o cualquier intocable alcalde. (O)
