Los productos que ingresan a Ecuador desde Colombia ya pagan una tasa aduanera del 50% desde ayer. Aunque las autoridades colombianas anunciaron que también se analiza aplicar el mismo porcentaje a las exportaciones ecuatorianas, el incremento solo afecta a las importaciones provenientes del vecino país.

Una vez oficializado el incremento, el ministro de Producción de Ecuador, Luis Alberto Jaramillo, defendió la medida y argumentó que, a futuro, la acción impulsada por el gobierno mostrará “un balance favorable” para el país. No obstante, el incremento generó incertidumbre en la frontera.

Los gremios de transportistas esperan tener acercamientos con las autoridades para evitar radicalizar los reclamos. Sin embargo, el mensaje del Gobierno es muy distinto, y hoy se esperan manifestaciones en Carchi.

Pronunciamiento oficial

En una publicación en su cuenta de X, el ministro Jaramillo defendió la medida dispuesta por el gobierno de Daniel Noboa. Ecuador sostiene que el vecino país no ha hecho lo suficiente para blindar la frontera de grupos del crimen organizado, lo que ha incidido en el aumento de la violencia.

“Ratifico mi total convencimiento con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. No puede haber divisiones cuando se trata de buscar el bien mayor para todos los ecuatorianos”, escribió Jaramillo al entrar en vigencia el nuevo arancel.

El ministro añadió que, si la respuesta del Gobierno colombiano se demora y la tasa se mantiene por varios meses, “habrá ajustes”, refiriéndose a que existirá un impacto mixto, con sectores ganadores y perdedores.

No obstante, afirmó que el efecto neto será favorable: más producción nacional, más empleo digno, más inversión y un fortalecimiento industrial, con un aporte proyectado de 0,6% anual al PIB.

También recalcó que no se prevén incrementos estructurales en los precios al consumidor y que existen fuentes alternativas de suministro para absorber el impacto. Tras la imposición de la primera medida, una tasa aduanera del 30% ordenada en enero, Colombia también comenzó a gravar con un arancel similar las importaciones ecuatorianas.

Además, prohibió el ingreso terrestre al país de varios productos agrícolas como el arroz y el plátano. Según datos de la Cámara Ecuatoriano-Colombiana, los principales productos importados en 2024 fueron los farmacéuticos y artículos de tocador, que sumaron 384 millones de dólares.

Además, otros productos químicos representaron 215 millones de dólares, y en tercer lugar, los alimentos elaborados alcanzaron los 178 millones de dólares.

Reacciones conjuntas de gremios de ambos países frente a la medida

La Cámara de Comercio de Guayaquil advirtió que el impacto de la tasa de seguridad comenzará a afectar a las empresas formales, al elevar sus costos de operación. Colombia es el principal socio comercial sudamericano de Ecuador, con un intercambio que supera los 1.800 millones de dólares.

En medio de las tensiones comerciales entre ambos países, 13 exministros de Comercio Exterior y Producción de Ecuador y Colombia difundieron un comunicado en el que piden restablecer el diálogo y argumentan que la medida tendrá un grave impacto.

 El exministro Julio José Prado señaló que es necesario desmontar de manera urgente las medidas restrictivas que se han convertido en una guerra comercial. “La guerra al narcotráfico no se da con una guerra comercial”, afirmó.

Por su parte, el exministro Daniel Legarda recordó que ambos países comparten más de 200 años de historia común y que el comercio bilateral bordea los 3.000 millones de dólares, involucrando a más de 2.400 empresas y 200.000 empleos, un círculo virtuoso que debe ser preservado y profundizado.

Según la Cámara de Comercio, más de 7.600 importadores ecuatorianos registran un impacto directo, mientras que el efecto indirecto podría afectar al menos el doble de empresas a través de las cadenas de distribución, manufactura y comercio minorista.

Estas compañías enfrentan incrementos inmediatos de hasta 50% en el costo de reposición de inventarios, lo que reduce márgenes, deteriora su competitividad y compromete la sostenibilidad financiera y el empleo. (I)