El toque de queda anunciado por el Gobierno desde el 15 hasta el 30 de marzo comienza a ser cuestionado, tanto desde el punto de vista legal, como por su eventual efectividad, considerando los antecedentes que dejó similar medida en tiempos pasados.

Después de todo, haberlo anunciado con tantos días de anticipación e incluso de pedir a la población de las provincias (Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro) en las cuales se aplicará, a que encierre en casa durante las noches y en horario aún por definirse, podría anular cualquier estrategia que, se creería, se tiene planificada para atacar a los grupos de delincuencia organizada.

Medios de comunicación difunden el descontento que provoca semejante anuncio entre la población trabajadora, en especial en las actividades que se desarrollan durante las noches.

Aún no existe el Decreto correspondiente; pero el Gobierno ha dicho que la medida se apoya en lo que ha llamado “la nueva fase contra el crimen organizado”. Hace poco tiempo dijo haber emprendido la fase “ofensiva total” cuyos resultados son difusos.

Es más, no se puede antelar la respuesta de la Corte Constitucional. Debe revisar si se cumplen los preceptos necesarios que justifiquen el toque de queda.

La restricción a la libre circulación obliga a los buenos ciudadanos, que son la inmensa mayoría, a encerrarse. ¿Y los malos, es decir la delincuencia, no importa su categoría dentro de la pirámide del mal, que para cuando se ejecute habrá migrado a otras provincias o se atrincherará en sus escondites, algunos de ellos de lujo y confort?

Si será algo similar, o superior todavía, a los resultados obtenidos durante el Operativo Costa, ejecutado tras más de un año de trabajo de inteligencia, bien. No fue preanunciado, sino, como recomiendan los manuales de seguridad, en secreto.

Caso contrario, “la nueva fase de combate” se sumará a las anteriores, casi sin mayor historia.