Aunque no fue sorpresa mayor, este martes 17 de marzo Cuenca amaneció con la noticia de que Fiscalía y la Policía allanaron, durante la madrugada, el domicilio del alcalde Cristian Zamora.

Esta operación la repitieron en la mañana en el despacho de la autoridad municipal.

Según Fiscalía, la intervención se relaciona con la investigación que lleva adelante por presunto enriquecimiento ilícito del alcalde, antes de serlo.  

Esta acción, dice, comenzó tras información enviada por Contraloría, a la que él acusa de prestarse para perseguirlo políticamente.

Todos lo saben: nadie está por encima de la Ley. Los organismos de justicia pueden intervenir, como lo han hecho, en base a presunciones, denuncias, fundamentadas se creería, como para que no sean mal interpretadas. 

El pasado fin de semana, el alcalde fue “bombardeado” con propaganda en redes sociales, endilgándolo acusaciones ligadas al mundo delictivo.

 ¿Quiénes financian esto que para él es un ataque premeditado y antesala de lo que ocurrió?

Además, Fiscalía también le investiga, asimismo por pedido de Contraloría, por indicios de responsabilidad penal derivados del examen practicado a la finalización, por mutuo acuerdo, del contrato de radares, y que a Cuenca le costó $ 3 millones, a cambio de que, según el alcalde, la contratista “no le meta las manos al bolsillo de los cuencanos”.

Los hechos expuestos calzan y desembocan en la operación efectuada por Fiscalía, y que podrían desembocar en procesar judicialmente al alcalde.

A la Justicia le corresponde hacer lo suyo. Demostrar que actúa sin presiones. Al alcalde, defenderse.

Los próximos acontecimientos aclararán el panorama, y la gente sacará sus propias conclusiones.

Conocida es la confrontación entre el gobierno y el alcalde, como ocurre con el de Quito y Guayaquil, este último, preso.

La Justicia mal puede ser usada por el poder político. En el caso de Zamora, ojalá este no sea el caso.