Con antecedentes poco halagadores, si bien superados, como los ocurridos durante la semana anterior entre Ecuador y Colombia, delegaciones de estos dos países se reunirán en Lima (Perú) para tratar de resolver, de una vez, los problemas derivados a raíz de la “tasa de seguridad” impuesta por el gobierno de Daniel Noboa, más conocida como “guerra” arancelaria.
Junto a Bolivia y Perú, aquellos dos países son parte de la Comunidad Andina (CAN), organismo regional de integración desde el cual nace la idea para “intermediar”.
La reunión, prevista para el 25 y 26 de marzo, tiene como norte el “de propiciar que propendan a alcanzar un entendimiento mutuamente satisfactorio que permita superar las divergencias existentes entre ambos países”.
La tasa de seguridad (50 %) impuesta a Colombia por el ejecutivo ecuatoriano fue respondida de igual manera por el gobierno de Gustavo Petro, ideológicamente distante de Daniel Noboa, este último adherido a las políticas de Donald Trump, no así su vecino homólogo.
Las consecuencias económicas derivadas de la “guerra” arancelaria, muy por encima de sopesar a qué país perjudica más, son letales.
Todos los sectores de la economía de ambas naciones han abogado para que los dos gobiernos zanjen las diferencias, reconozcan sus errores, en el caso colombiano, de no proteger militarmente su frontera con Ecuador, cuyo régimen está empeñado en darle guerra a los grupos narcotraficantes.
De parte y parte habrá razones. Los dos se necesitan mutuamente como lo registra la historia. Entre las poblaciones que habitan a lo largo de la frontera, el comercio en todas sus gamas ha sido el sustento, incluyendo el informal.
Las delegaciones de Ecuador y Colombia, se sobrentiende, llegarán a Lima con una agenda predispuesta para resolver el conflicto.
La CAN se juega un rol decisivo al intermediar; pero, insistimos, urge que las diferencias se las supere con diplomacia y entendimiento.
Debe primar la sensatez.