Alrededor de doce toques de queda ha decretado el presidente Daniel Noboa desde que asumió el mando.

Los justifica argumentando que son necesarios para enfrentar a los grupos criminales que, dispersos en algo más de 40 bandas, tienen en vilo al país.

En lo que va de 2026 van dos. El primero, del 15 al 30 de marzo. El segundo será entre el 3 y el 18 de mayo. Se aplicará en nueve provincias y cuatro cantones.

Según el gobierno, tan extrema medida la vuelve a decretar “tras los resultados obtenidos por las fuerzas del orden durante el anterior estado de excepción”.

Pero la realidad, aquella que la gente vive a diario, refleja que la crisis de seguridad no se atenúa del todo, ni siquiera durante un periodo largo; que permita vivir en miedo, pensando en que si se sale de casa regresará vivo, sin ser asaltado, secuestrado o sometido a las “vacunas”.

El solo hecho de que entre enero y marzo de 2026 se registraran 2.986 muertes violentas demuestra que esa crisis continúa, más allá de que la criminalidad haya disminuido durante el toque de queda vigente en marzo; o de que hayan sido detenidos varios delincuentes, algunos catalogados como “objetivos de alto o mediano valor”, más el decomiso de armas, drogas, dinero en efectivo, y destruidos campamentos de minería ilegal.

Como dicen los expertos en seguridad, si bien “caen” los lideres de varias bandas se genera una lucha interna para reemplazarlos, llegando incluso a dividirse. De allí que los grupos delictivos se hayan duplicado en poco tiempo. Y no por ser pequeños son menos violentos.

Mientras dura el toque de queda, cuyo inicio se anuncia con anticipación, esos grupos se repliegan, se esconden, migran.

El gobierno estaría dando un mensaje de que solo con toques de queda se puede enfrentarlos y someterlos ante la ley. Si es así, el país habrá de vivir siempre sometido a esa medida extrema que, además, afecta al comercio, a los negocios.