A partir de las 23:00 de este 3 de mayo del 2026, los habitantes de nueve provincias y cuatro cantones deberán regirse al toque de queda, que restringirá su circulación hasta las 05:00, por 15 días.

Para el Gobierno, la medida es efectiva para combatir la inseguridad, ya que, según se señala en la justificación del Decreto 370, con el que se establece el nuevo toque de queda, en el anterior período en que se aplicó el mecanismo, entre el 15 y 30 de marzo, se logró la disminución del 20,96% en las muertes violentas en las cuatro provincias intervenidas (Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo).

En esta ocasión el toque de queda se ampliará a nueve provincias: Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo y Sucumbíos; así como en los cantones La Maná de la provincia de Cotopaxi, Las Naves y Echeandía de la provincia de Bolívar y La Troncal de la provincia del Cañar.

La disminución no es significativa.

Este es el séptimo toque de queda que aplica el actual Gobierno y, aunque a nivel nacional en marzo se registró una disminución de las muertes violentas en un 24 %, el experto en temas seguridad, Tiziano Breda, considera que la reducción no es significativa en las cuatro provincias que se intervinieron este mes, por lo que no se esperaría un resultado diferente en el toque de queda que empieza este 2 de mayo.

Según Breda, en términos generales, no se ha detectado algún tipo de afectación particular de los niveles de violencia debido a los toques de queda, a nivel nacional permanecen estables las cifras de violencia.

“Hay matices en provincias como Guayas y Pichincha, donde disminuyen, sobre todo en la noche, por la presencia de los uniformados, que ha desincentivado la comisión de hechos violentos en este horario, pero, en otras provincias, pese a estar intervenidas, los índices de violencia han aumentado”, afirmó Breda.

Como lo señaló el experto, de las cuatro provincias en las que se aplicó el toque de queda por 15 días en marzo, los homicidios se redujeron en Guayas (-33,4 %) y Los Ríos (-29,2 %), mientras que en El Oro (48,3 %) y en Santo Domingo (20 %) las muertes violentas se incrementaron.

“La combinación de estados de excepción casi permanentes y los toques de queda, reflejan un intento desesperado del Gobierno de buscar mostrarse cada vez más fuerte, inventarse medidas cada vez más radicales para enfrentar al crimen organizado, pero, no es una medida que logre resultados importantes, sobre todo, considerando el daño que hace a la economía”, puntualizó Breda.

La violencia se desplazó

Como lo acepta el mismo Gobierno en el argumento del actual toque de queda, la violencia en el país no se eliminó con la medida aplicada del 15 al 30 de marzo del 2026, sino que, se produjo un desplazamiento geográfico de la delincuencia hacia nuevas zonas del país.

Fernando Carrión, catedrático experto en temas de seguridad, señaló que teóricamente a este fenómeno se le denomina “efecto globo”, que ocurre cuando se aplican estrategias focalizadas, como la del toque de queda, lo que provoca el desplazamiento de la violencia o una reducción momentánea de los hechos violentos.

Según el Decreto 370, el “efecto globo” habría desencadenado en el desplazamiento de la violencia a las provincias de la Sierra (como Pichincha) y otras del Litoral y la Amazonía (como Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos), como corredores clave para el tráfico de drogas, armas y explosivos; en las cuales desde se aplicará el nuevo toque de queda.

Oposición a la medida en Quito

Aunque el Gobierno tomó la decisión de implementar el toque de queda también en Pichincha, debido al aumento de los hechos violentos, desde el sector productivo y los expertos consideran que en Quito la medida es innecesaria, pues no se alcanzan los niveles de violencia de la Costa.

Según los datos del Ministerio del Interior de marzo pasado, en Pichincha se produjeron 31 asesinatos, mientras que en el mismo mes del 2025 fueron 27 muertes violentas, es decir, 4 homicidios más, que equivale a 14,8 % adicional.

Aunque John Reimberg, ministro del Interior, admitió que en Pichincha no existen “grandes números” de criminalidad, defendió la aplicación del toque de queda en esta provincia con base a información de Inteligencia, que señalaría el crecimiento de la violencia.

Para el politólogo Santiago Basabe, la medida en Quito no se justifica pues, aunque existe delincuencia común, la presencia del crimen organizado, que es la prioridad del Gobierno, no es de importancia.

“En dos semanas, a las 11 de la noche, tienen que cerrar negocios, se acaba la actividad comercial y productiva, se acaba Quito, y nadie dice nada, ni del sector público, ni el privado, a nadie le importa, ojalá cuando reaccionemos no sea demasiado tarde”, afirmó Basabe.

Desde la Cámara de Comercio de Quito se presentó una propuesta para que el toque de queda se aplique de forma focalizada y proporcional de acuerdo a la realidad de cada provincia, pero, el Gobierno no acogió el pedido.