La Fiscalía se tomó “todo el tiempo del mundo” para, por fin, presentar cargos contra 21 personas dentro del escandaloso caso Progen.

Durante la crisis eléctrica en 2024, el gobierno declaró la emergencia con el fin de contratar la generación de electricidad.

Tras una serie de procedimientos a cargo del Ministerio de Energía y Minas y las diversas empresas a su cargo, el contrato fue adjudicado a la empresa Progen Industries LLC, que se asoció con la ecuatoriana Astrobryxa.

Finalmente no fue uno sino tres los contratos para potenciar las centrales Catamayo, Salitral y Quevedo.

Terminados los plazos, Progen no suministró ni un solo kilovatio de electricidad, trajo motores viejos y, al paso, se embolsó 107,3 millones de dólares en calidad de anticipo, pero nadie le exigió entregar las garantías correspondientes.

La Contraloría determinó responsabilidades y fijó el perjuicio económico al Estado.

Surgido el escándalo se hizo todo lo posible para que pase desapercibido, que no sea fiscalizado en la Asamblea; al igual que el otro contrato fallido con la empresa Austral Technical Managemen.

El gobierno, presionado por todos los lados, demandó a Progen ante un tribunal de justicia de los Estados Unidos.

Recién ahora la Fiscalía pide fijar fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por presunto peculado en contra de 21 personas, entre ellas al exministro de Energía, Antonio Goncalves, a exfuncionarios de la CELEC y de la Unidad de de Negocio TermoPichincha cuyo gerente firmó el contrato.

Entre los imputados no consta el entonces ministro de Energía encargado Roberto Luque, y quien fue parte de la cadena de mando. 

Un presunto caso de corrupción que no deja de ser una “piedra en el zapato” para el gobierno. 

La conciencia nacional exige castigar a los responsables, si es posible, también procesando a los que “se lavaron las manos” o cuentan con padrinos al más alto nivel.