La reunión de seguridad del pasado 13 de mayo dejó al descubierto una tensión evidente entre los datos y el discurso institucional. Mientras las cifras muestran un incremento acelerado de muertes violentas y un deterioro progresivo de la percepción ciudadana, desde el Gobierno se insiste en negar la existencia de una crisis a la par que convocan mesas extraordinarias, incorporan a Fuerzas Armadas, discuten posibles restricciones y anuncian nuevas medidas de control, el mensaje que se transmite difícilmente puede convivir con la idea de que “no pasa nada”.

Durante años la ciudad construyó una narrativa de excepcionalidad: orden, tranquilidad, calidad de vida y relativa distancia del deterioro nacional. Esa imagen tiene un valor particular porque sostiene turismo, inversión, actividad nocturna y autoestima colectiva. Por eso el reconocimiento abierto de una crisis en seguridad implica costos políticos y económicos. El intento de proteger el posicionamiento de “ciudad segura” mediante la negación puede terminar produciendo el efecto contrario en la percepción de la ciudadanía asociado con la desconexión política.

La reunión también dejó ver otro fenómeno recurrente en el Ecuador: la disputa por las responsabilidades. El Gobierno Central apunta hacia el Municipio, cuestiona la planificación local y sugiere un mayor uso de recursos municipales para apoyar a la Policía. Desde lo local, en cambio, se recuerda que la seguridad es una competencia esencialmente nacional y que el crecimiento del crimen organizado supera las capacidades operativas de una ciudad. El problema de esa dinámica es que la inseguridad no espera acuerdos institucionales; avanza mientras las autoridades discuten bajo la amenaza de un “toque de queda”. 

Lo lógico es construir un diagnóstico honesto, coordinado y creíble. La seguridad requiere operativos y recursos, pero también coherencia.