Durante la audiencia de vinculación, que empezó el 14 de mayo y terminó este 22 de mayo del 2026, el fiscal general del Estado, Carlos Alarcón, procesó a 21 personas por la estafa millonaria al Estado en la que incurrió la empresa estadounidense Progen; solo 6 son personas que tenían el poder de decisión en este proceso y que firmaron o autorizaron los contratos, el resto son técnicos de primer nivel, a los que se les delegó la elaboración de informes o que conformaron comisiones.

Este 22 de mayo del 2026 en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), el juez Vinicio Rodríguez ordenó la prisión preventiva para 19 de estas personas; los familiares de los técnicos procesados señalaron que el fiscal ocultó información, para proteger a “los de arriba” y acusar a quienes incluso denunciaron el hecho.

“Daniel Suárez, Nelson Castro y Luis Flores denunciaron lo que ellos verificaron, que los equipos que querían comprar eran viejos; en Fiscalía presentaron videos y documentos para demostrar que alertaron lo que pasó; por esto recibieron amenazas y están en el programa de protección de víctimas, pese a esto, les dan prisión preventiva, poniendo en riesgo su vida”, recalcó la esposa de uno de los procesados.

De igual manera se pronunció Leticia Sánchez, hermana de Celso Sánchez, quien señaló que la mayoría de los procesados son funcionarios públicos que cumplieron con su trabajo de “forma honesta”, pero la Fiscalía tendría el afán de cubrir a “los verdaderos responsables”.

“Creímos en la justicia, es la justicia que ahora va a juzgar a inocentes, a los de abajo, los cogen como chivos expiatorios; mientras que las personas que tienen que caer están afuera. ¿Dónde están las personas que realizaron el pago?”, señaló la hermana de Celso Sánchez, uno de los técnicos que conformó la comisión técnica que viajó a las instalaciones de Progen en Estados Unidos y que habría alertado para que no se firme el contrato.

Los técnicos con prisión preventiva

Además de los tres técnicos antes mencionados, el juez también dictó la prisión preventiva contra Marvin Rubio, Julio Montesdeoca, Gabriela Toaza, Juan Carlos Cornejo, Carlos Villacis, Jorge Jaramillo, Marco Poma, Marco Chicaiza, Javier Lasluisa y Rommel Llumiquinga; quienes en distintas instancias avalaron el proceso, elaboraron informes técnicos o participaron de comisiones.

En cuanto a César Toledo, se ordenó en su contra medidas alternativas a la prisión preventiva, porque no existen informes que avalen que participó en el proceso; el juez dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica semanal.

Las autoridades procesadas

Por peligro de fuga y por su nivel de participación en el delito de peculado, el juez Vinicio Rodríguez ordenó la prisión preventiva del exministro de Energía, Antonio Goncalves, procesado por el caso Progen, que la Fiscalía ha denominado caso Apagón.

El juez justificó la medida pues existe un alto riesgo de que, como exautoridad, interfiera en la investigación, por lo que las medidas alternativas a la prisión preventiva resultan insuficientes.

En cuanto a Fabián Calero, exgerente de Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), el juez valoró el grado de participación del exfuncionario, quien visitó las instalaciones de Progen en Estados Unidos y además delegó a los directivos que concretaron la firma del contrato.

También se dictó prisión preventiva para Karla Saud Calero, representante de Progen en Ecuador; Andrew Williamson, directivo de la empresa estadounidense; y, Gonzalo Guerrón, exgerente de la Unidad de Negocios de Termopichincha.

Mientras que a Byron Orozco, exgerente de Termopichincha, se le dio medidas alternativas, por sufrir una enfermedad catastrófica.

Los funcionarios se pueden negar

Para Jessica Muñoz, experta en Contratación Pública, lo ocurrido en el caso Progen sienta un precedente en cuanto al papel que juegan los funcionarios de primer nivel en procesos de contratación, pues, aunque no toman la decisión final, avalan informes por los que pueden terminar procesados.

“Si firmaron documentos y estaban a cargo de los estudios, tienen responsabilidad, si la autoridad les obligó, como suele pasar, se tienen que respaldar en documentos que muestren cómo se les obligó, caso contrario, se corre el riesgo de ser acusados por las irregularidades”, recalcó la experta.

De acuerdo con su experiencia, Muñoz recalcó que la presión que sufren los funcionarios públicos y el miedo a perder sus puestos de trabajo los lleva a aceptar este tipo de responsabilidades, pero, es importante conocer que se pueden negar.