Sancionar la pertenencia a una organización de delincuencia organizada, sin importar el papel que se cumpla en esta, es lo que propone la Ley Antimafias que el oficialismo presentó en la Asamblea Nacional el 1 de junio del 2026.

La normativa establece escalas de penas de prisión, de acuerdo con la función que cada involucrado con el crimen organizado ha cumplido; la simple pertenencia al grupo delictivo implicará una sentencia de 10 a 13 años.

Mishel Mancheno (ADN), asambleísta proponente del proyecto de ley, recalcó que esta reforma permite identificar mejor el papel de cada uno de los actores dentro de la estructura criminal, para que la ley no solamente persiga al responsable visible, sino a toda la red.

“Porque una organización criminal no solamente funciona con una persona, funciona con el cabecilla, con el que da órdenes, con el que pone dinero, con el campanero, con el vacunador, con el que transporta, con el que recluta y con el que ayuda a que toda esta red siga funcionando”, recalcó Mancheno.

Las penas diferenciadas

La escala de penas privativas de libertad que establece la Ley Antimafias empieza con 10 a 13 años de prisión para quien incurra en el delito de pertenencia funcional, esto se configura si es que una persona colabora en la custodia, transporte o almacenamiento de armas, drogas, explosivos, municiones, dinero, bienes o vehículos destinados al funcionamiento de la organización.

En esta categoría también entran quienes ejecuten actos de intimidación, control territorial, coordinen las actividades ilícitas y ejecuten acciones de vigilancia y seguridad.

La sanción se eleva de 13 a 16 años de prisión para quienes cumplan funciones operativas, es decir que, usen explosivos, vehículos adaptados, inmuebles y empresas para facilitar el ocultamiento e impunidad de la organización.

La misma sanción se aplica para la persona que, prevaliéndose de una función pública, cargo directivo o profesión, favorezca la operación, protección, ocultamiento o impunidad de la organización.

En el rango más alto establecido en la Ley Antimafias está una pena de 16 a 22 años, esta sanción está dirigida a quienes organicen, financien o ejerzan mando o control territorial dentro de la organización criminal, es decir, el cabecilla.

Las penas, en las tres escalas, podrán elevarse, pues se deja claro que se considerarán agravantes si para cometer los delitos se recluta a una persona en situación de vulnerabilidad o pobreza, a un migrante o refugiado, a quien tenga consumo problemático de drogas y a niños y adolescentes.

Cambios en la prisión preventiva

El proyecto establece que, para negar, sustituir o no dictar la prisión preventiva en delitos relacionados con estructuras criminales, el juzgador tendrá la obligación de presentar una motivación reforzada, suficiente y específica.

Esta motivación debe explicar por qué las medidas alternativas serían idóneas y suficientes para neutralizar los riesgos procesales identificados con las estructuras criminales; la omisión de justificación por parte de los jueces se tipificará como una falta gravísima en el Código Orgánico de la Función Judicial, que acarrea la destitución del cargo.

La sanción a los abogados

Para evitar que profesionales del derecho utilicen sus conocimientos y posición para beneficiar a estructuras criminales, la propuesta de ley establece la inhabilitación para los abogados, que podrían recibir una sanción definitiva o prolongada, dependiendo del delito en que incurrieron.

Se establece la inhabilitación permanente para ejercer la abogacía de aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de crimen organizado o lavado de activos; la cual se aplica si los hechos delictivos guardan relación directa con el ejercicio profesional, la instrumentalización de órganos de la administración de justicia o el apoyo a estructuras de criminalidad organizada.

“Aquellos abogados que no van a litigar, sino que van a querer comprar un juez, comprar un fiscal o comprar una sentencia, tienen que ser sancionados, algunos van a terminar presos”, afirmó John Reimberg, ministro del interior, al referirse a esta reforma.