La epidemia de tuberculosis que afecta cientos, miles acaso, de reclusos en varias cárceles del Ecuador, debe merecer la atención primordial, urgente, del Estado, el único responsable de sus vidas.
Mal hace el Gobierno Nacional al tratar de tapar con un dedo una amplia y penosa realidad, no solo negándola, sino haciendo lo que siempre hace en casos comprometedores: guardar silencio.
Investigaciones periodísticas, denuncias fundamentadas de familiares de los detenidos, revelan que cientos de reclusos, a más de permanecer hacinados, son víctimas de una enfermedad, otrora mortal, no así en la actualidad porque hay medicamentos para contrarrestarla; además de medidas preventivas para evitar contagios.
Testimonios de varios guías penitenciarios coinciden en el relato. Algunos han pedido el cambio. Otros han optado por renunciar. Otros no tienen más que cumplir su deber, como el de trasladar a los presos enfermos hacia los hospitales, aunque los más agonizan en las celdas.
Las cifras de los reclusos muertos a consecuencia de la tuberculosis son escalofriantes, aunque el Gobierno se empecine en minimizarlas.
Semejante problema viene desde tiempos atrás, a tal punto que en 2025 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a los reclusos de la Penitenciaria del Litoral.
¿Qué se ha hecho para atender esas medidas? La respuesta viene por sí sola.
Y pensar que si la enfermedad llegó a la cárcel de El Encuentro, se supone la más segura, tanto por los controles estrictos, cuanto porque los detenidos tienen todas las atenciones, ente ellas las médicas, es una clara señal de que se ha desbordado.
Quienes guardan prisión tras sentenciados por un juez, están pagando por haber contravenido la ley. No por ello han sido despojados de sus derechos humanos.
Es inadmisible que a los centenares de muertos en las masacres carcelarias, ahora se sumen las víctimas de la tuberculosis.