Prevenir antes que lamentar debe ser, desde ahora, el lema con el cual despierten a diario alcaldes y prefectos ante la inminente llegada del fenómeno climático de El Niño, tal como lo advierten los responsables de monitorear la temperatura del océano Pacífico.

Según el representante de la Zonal 6 de Gestión de Riesgos, Froilán Salinas, existe un 82 % de probabilidades de que en junio y julio de 2026 se desencadenen los efectos de aquel fenómeno.

Incluso, para el primer trimestre de 2027 podrían ser más letales.

Su versión coincide con lo expresado por las autoridades nacionales. Por ello es que el Gobierno decretó la Alerta Amarilla preventiva en 17 provincias, 153 cantones y 481 parroquias.

Las consecuencias suelen ser lluvias intensas, inundaciones, desbordamientos de ríos y quebradas, derrumbes de toda magnitud en las vías.

Se ha dispuesto a los Municipios, Prefecturas, Juntas Parroquiales activar los Comités de Operaciones Emergentes (COE), además de “fortalecer las acciones de prevención, actualizar planes de respuesta y coordinar medidas de protección para la población frente a posibles inundaciones, deslizamientos y otros eventos asociados”.

En el caso de Azuay, los cantones que se verían afectados son: Cuenca (Molleturo y Chaucha), Girón, Santa Isabel, Pucará, inclusive Oña y Nabón pese a su altura respecto del nivel del mar; ni qué decir Ponce Enríquez, localizado en la Costa.

Sobran las experiencias dolorosas de otras épocas, cuando inundaciones, derrumbes, deslizamientos, desbordamientos de ríos, arrasaron con todo, amén de enfermedades y los miles de familias evacuadas.

Son experiencias que dejan lecciones.

Si de pronto, por la magnitud de las consecuencias, llegase a declarar la Alerta Roja, todo debe estar listo, planificado, financiado para activarse y enfrentarlas.

¿Ya estarán en marcha esos planes preventivos? 0, ¿qué esperan?