La muerte de Mónica Silva no es un hecho aislado. Desde el 2025 han perdido la vida: Jorge Jijón Montenegro, Manuel Cabrera, Efraín Fueres, Rosa Elena Paqui, Adriana Arroyo Ayoví y otras personas vinculadas a la defensa de derechos, la denuncia de la corrupción y la búsqueda de justicia.  Entre 2023 y 2024 al menos 9 defensores fueron asesinados y quince forzados a abandonar sus territorios por amenazas. 

Cada defensor asesinado representa una comunidad que pierde una voz, una denuncia que queda silenciada, una causa que se debilita. El miedo no solo afecta a quien recibe amenazas; se extiende a la familia, a organizaciones, colectivos y liderazgos que comienzan a preguntarse si vale la pena asumir los costos de alzar la voz.

La violencia contra personas defensoras ocurre en un contexto donde el discurso oficial normaliza la confrontación, la militarización y la sospecha permanente sobre quienes ejercemos vigilancia ciudadana. 

Un país donde defender derechos humanos es una actividad de riesgo no es un país más seguro. Es un país menos libre. Y cuando el miedo logra callar a quienes defienden la dignidad humana, pierde el país. Porque la primera víctima del silencio no es una persona, es la libertad en sí misma. (O)

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