La inteligencia artificial está transformando profundamente las campañas electorales y la comunicación política. Herramientas capaces de analizar grandes volúmenes de datos, perfilar preferencias ideológicas y personalizar mensajes políticos ofrecen nuevas oportunidades para la participación ciudadana, pero también generan riesgos para la integridad democrática. Consciente de estos desafíos, la Unión Europea aprobó el Reglamento (UE) 2024/1689 sobre Inteligencia Artificial (AI Act), que clasifica como sistemas de alto riesgo aquellos destinados a influir en elecciones, referéndums o en el comportamiento electoral de los ciudadanos.
Estos sistemas deben cumplir estrictas obligaciones de gestión de riesgos, gobernanza de datos, supervisión humana, transparencia, ciberseguridad y evaluación de conformidad antes de su puesta en funcionamiento. Además, el Reglamento prohíbe expresamente prácticas manipuladoras, como el uso de técnicas subliminales o la explotación de vulnerabilidades de determinados grupos, estableciendo sanciones que pueden alcanzar los 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocios global.
La experiencia europea ofrece una valiosa lección para Ecuador. El creciente uso de inteligencia artificial en campañas políticas, publicidad digital y segmentación de electores evidencia la necesidad de abrir un debate sobre su regulación en el ámbito electoral. Incorporar principios de transparencia, rendición de cuentas y protección de los derechos fundamentales permitirá aprovechar los beneficios de la innovación tecnológica sin comprometer la confianza ciudadana ni la calidad de la democracia. (O)
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