Ángela Plúa Santillán, alcaldesa de Jipijapa, en Manabí, se convirtió en la cuarta autoridad de este nivel que es detenida en el país en el último año y está entre los 119 burgomaestres que enfrentan procesos judiciales.

El domicilio de Plúa fue allanado el 25 de junio del 2026 en la operación denominada “Digitador”, la funcionaria, junto con 12 personas más, fue detenida, acusada de integrar una presunta estructura de delincuencia organizada dedicada a la gestión irregular de trámites vehiculares en la provincia de Manabí.

Tras una investigación que duró 10 meses y que nació de una denuncia ciudadana, la Policía Nacional determinó que estas personas cobraban, de forma irregular, entre 100 y 150 dólares por la emisión de licencias de conducir, matrículas y revisiones técnicas vehiculares; lo que generó un perjuicio al Estado de aproximadamente 5 millones de dólares.

Se allanaron las oficinas del Municipio, de la Corporación de Servicios Públicos Municipales y de la Autoridad de Tránsito y Movilidad de Jipijapa; además del Centro de Revisión Técnica Vehicular Municipal de Calceta y de San Vicente.

Los alcaldes detenidos

Solo en el último año tres alcaldes, aparte de Plúas, han sido detenidos en el país, por el supuesto cometimiento de delitos penales, entre estos está el caso de Aquiles Álvarez, burgomaestre de Guayaquil, quien está acusado, junto con varios miembros de su familia, de la comercialización irregular de combustibles.

Además, en agosto del 2025 fue detenido el alcalde de Pujilí, José Arroyo, a quien se le investiga por el caso Ornato, que involucra el delito de peculado; el burgomaestre de este cantón de la provincia de Chimborazo se habría pagado, una vez que ganó la Alcaldía, por obras que entregó como donación en la campaña electoral. Una vez en prisión cambió su sexo de hombre a mujer y está en la cárcel femenina de La Roca.

El 3 de junio del 2026 se detuvo a Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, quien enfrenta un proceso penal dentro del denominado caso Blindaje, en el que la Fiscalía lo investiga por el presunto delito de lavado de activos, al liderar una red que habría manejado hasta 17 millones de dólares de origen ilícito.

Los alcaldes y los procesos penales

Según la investigación realizada por la alianza periodística Spondylus Info Lab, de la que fue parte El Mercurio de Cuenca, alrededor de la mitad de los 222 alcaldes y los 23 prefectos que tiene el país ha estado inmerso en procesos penales; aunque muchos de estos casos han sido archivados, la frecuencia de estas investigaciones sugiere una exposición constante a irregularidades legales.

La situación judicial ha afectado la estabilidad institucional, ya que tres alcaldes se encuentran detenidos, lo que ha obligado a que tres alcaldes subrogantes hayan asumido el cargo, debido a la ausencia de los titulares.

Entre las situaciones que el informe califica como crítica es la situación de la provincia de Pichincha, donde casi todas las autoridades acumulan procesos penales, y se destaca que no todos están archivados.

De las ciudades grandes de Ecuador, también está procesado, por enriquecimiento ilícito, el suspendido alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, quien no habría podido justificar miles de dólares en ingresos económicos.

Abogados de alcalde de Guayaquil lo abandonan

Debido al abandono de la diligencia por parte de la defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y ante la imposibilidad de que la Defensoría Pública asuma de forma inmediata el patrocinio técnico, la jueza del caso Grillete dispuso la suspensión de la audiencia.

Sin embargo, la defensa del burgomaestre del Puerto Principal informó que el abandono de la audiencia no fue voluntario, sino que se retiraron ante la imposibilidad jurídica y material de continuar interviniendo en una diligencia que “dejó de ofrecer las garantías indispensables para ejercer una defensa técnica conforme a la Constitución”.

“La nueva convocatoria fue fijada con un plazo objetivamente insuficiente para reunirnos de manera presencial con nuestro defendido, revisar el expediente y preparar la estrategia jurídica, pese a que la propia autoridad judicial había reconocido previamente la necesidad de garantizar ese espacio”, afirmó la defensa técnica de Álvarez.