Las imágenes de dos adolescentes disparando a quemarropa contra un hombre en el aeropuerto “José Joaquín de Olmedo”, en Guayaquil, estremecieron al país. Apenas unos días después, otra escena volvió a sacudir a Ecuador; esta vez, dos menores de 16 años irrumpieron armados en una cancha de fútbol de Ibarra, donde decenas de personas seguían un partido del Mundial, y abrieron fuego de manera indiscriminada.
Ambos episodios conducen a una interrogante urgente e impostergable: ¿Qué ocurre en una sociedad para que un niño termine empuñando un arma por encargo o delegación de una organización criminal?
Fracturas sociales y crimen organizado
Para Manuel Lema, docente e investigador en Criminología de la Universidad Católica de Cuenca, el fenómeno refleja «una sociedad fracturada». Advierte que el crimen organizado ha logrado convertirse, en ciertos territorios, en un espacio de supervivencia cotidiana, donde la violencia deja de parecer excepcional y empieza a asumirse como parte de la vida.
Desde esa perspectiva, sostiene que el adolescente es, al mismo tiempo, víctima y victimario. Víctima porque creció sin la protección efectiva del Estado, la familia o la comunidad. Victimario porque ejecuta actos por los que de acuerdo a su capacidad jurídica debe responder. A su juicio, ignorar cualquiera de esas dos dimensiones impide comprender el problema.
Lizandro Martínez, exfiscal provincial del Azuay (2012-2016) y exfuncionario del desaparecido Ministerio de Justicia (2017-2019), observa que la transformación ha sido acelerada. Recuerda que hace apenas unos años predominaban delitos como robos o “arranches” entre adolescentes. Hoy aparecen involucrados en sicariatos y homicidios, una evolución que considera alarmante.
En su análisis, opina que las organizaciones criminales encontraron condiciones ideales para captar menores. La pérdida de control en varios centros de privación de libertad, procesos de rehabilitación ineficaces y sanciones diferenciadas facilitaron que los grupos delictivos incorporaran adolescentes como ejecutores.
Sin embargo, Martínez también descarta que el aumento de las penas constituya una solución suficiente. «El problema no pasa solamente por el endurecimiento de las penas», afirma. Propone políticas sostenidas de educación, empleo, deporte, fortalecimiento familiar y recuperación institucional para reducir el terreno donde prospera el reclutamiento.
Heridas invisibles detrás de la violencia juvenil
Paúl Jara, sacerdote de la Arquidiócesis de Cuenca, introduce otra dimensión. «Ningún adolescente nace siendo sicario», dice. Antes de convertirse en asesino, explica, muchos atravesaron historias marcadas por abandono, violencia intrafamiliar, abuso, fracaso escolar y pobreza extrema.
Las bandas aprovechan precisamente esas heridas. Ofrecen reconocimiento, protección, pertenencia y una identidad que numerosos jóvenes nunca encontraron en su hogar, en la escuela o en su barrio. No reemplazan únicamente ingresos económicos. También ocupan vacíos afectivos.
Los tres entrevistados coinciden en que reducir el debate a la edad de imputabilidad resulta insuficiente. Para Lema, esa mirada apenas aborda uno de los efectos mientras las causas permanecen intactas. El crimen organizado, advierte, simplemente adapta sus métodos y continúa reclutando nuevos menores.
Jara añade que existe otro riesgo. La sociedad puede terminar viendo únicamente al criminal y dejar de preguntarse por el niño que existía antes de ese crimen. Comprender esa historia, aclara, no significa justificar el asesinato, sino impedir que el siguiente adolescente recorra el mismo camino.
Prevención, Estado y futuro del país
Y, si el país mantiene las mismas respuestas, el escenario podría agravarse. Lema advierte que las estructuras criminales podrían, aún más, extender su influencia hacia instituciones públicas, la política y el sistema judicial. Martínez insiste en que la prevención requiere políticas de largo plazo. Jara recuerda que una sociedad que declara irrecuperables a sus jóvenes termina renunciando también a su propia responsabilidad.
Así, el corolario de lo expuesto por los tres especialistas bien puede resumirse en que el reto ahora no consiste únicamente en responder al delito, sino en impedir el reclutamiento. Esa diferencia puede definir si, dentro de algunos años, el Ecuador sigue contando adolescentes detenidos o logra evitar que entren al crimen organizado. (I)
ENTREVISTA / Sybel Martínez, directora de la Fundación Grupo Rescate Escolar
Sybel Martínez es abogada y doctora en jurisprudencia, miembro de la Alianza por los derechos de la Niñez y la Adolescencia en Ecuador. / Cortesía
“El Estado falla en prevención”
– ¿Qué revela que hoy existan niños y adolescentes involucrados en asesinatos por encargo?
Estamos frente a una crisis profunda de desprotección. El problema no comienza con el disparo, sino con vulneraciones de derechos que hicieron susceptibles a esos adolescentes al reclutamiento. Su presencia en estructuras criminales demuestra que el sistema de protección, la educación, la salud y la prevención de la violencia no están llegando.
– ¿Un menor reclutado es responsable o víctima?
No son categorías excluyentes. Un adolescente puede ser responsable de una conducta criminal y al mismo tiempo víctima del reclutamiento. Detrás existen historias de abandono, violencia, exclusión y manipulación. La pregunta no es solo qué hizo, sino quién se benefició al convertirlo en un instrumento de violencia.
– ¿Qué ocurriría si fueran juzgados como adultos?
Sería un grave retroceso. La justicia juvenil existe porque la adolescencia es una etapa distinta de desarrollo. La evidencia demuestra que encarcelarlos bajo esquemas de adultos fortalece sus vínculos con organizaciones criminales y reduce las posibilidades de rehabilitación.
– ¿Por qué el crimen organizado recluta menores?
Porque identifica vulnerabilidades en territorios donde el Estado no llega. Les ofrece pertenencia, dinero, reconocimiento o protección. Para estas organizaciones son recursos operativos valiosos, pero desechables.
– ¿Qué papel juegan la pobreza y la exclusión?
No son causas únicas, pero sí factores de riesgo relevantes. La pobreza limita oportunidades, la exclusión educativa rompe vínculos protectores y la violencia intrafamiliar normaliza la agresión. El reclutamiento debe entenderse como un fenómeno multicausal.
– ¿Ha fallado el Estado?
Sí. Ha fallado en la prevención temprana, la permanencia educativa, la salud, el fortalecimiento familiar y la presencia efectiva en comunidades vulnerables. El Estado suele aparecer cuando el delito ya ocurrió y no cuando el adolescente empieza a mostrar señales de riesgo.
– ¿Qué señales deben alertar?
Cambios bruscos de comportamiento, abandono escolar, acceso repentino a dinero, nuevas relaciones vinculadas a actividades ilícitas, aislamiento familiar y normalización de la violencia. Ninguna confirma por sí sola el reclutamiento, pero exige intervención temprana.
– ¿Cómo evitar respuestas únicamente punitivas?
Comprender no significa justificar. La indignación no puede sustituir al análisis. Si no abordamos las causas que permiten el reclutamiento, el problema seguirá reproduciéndose.
– ¿Qué responsabilidad tienen los medios?
Enorme. Hablar de «niños sicarios» puede ocultar que son niños convertidos en armas por estructuras criminales. Informar con responsabilidad implica mostrar quiénes los captaron, entrenaron y utilizaron.
– ¿Podría sugerir tres medidas urgentes?
Crear un sistema nacional de detección temprana; invertir en educación, salud mental y acompañamiento comunitario; y establecer programas de desvinculación y reintegración. Ninguna organización criminal debería tener más capacidad para captar a un adolescente vulnerable que el propio Estado ecuatoriano. (I)
OPINIÓN
Gerardo Machado, asambleísta por el Azuay, miembro de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. / Cortesía
“El foco es desarticular a las redes criminales”
Se debe reconocer que el creciente reclutamiento de adolescentes por parte del crimen organizado refleja un fracaso del Estado para garantizar derechos en los sectores más vulnerables. No veo a estos jóvenes como personas que eligen libremente la violencia, sino como víctimas de organizaciones que aprovechan la pobreza, la deserción escolar, la falta de oportunidades y la escasa presencia institucional.
Si bien considero necesario fortalecer las leyes para castigar con mayor eficacia a quienes reclutan menores, estoy convencido de que la solución no pasa solo por el derecho penal. La seguridad también se construye con educación, empleo, salud mental, cultura y recuperación de los territorios. No existe evidencia de que reducir la edad de imputabilidad disminuya la violencia; en cambio, podría incorporar a más adolescentes a un sistema penitenciario donde el crimen organizado sigue captándolos.
El foco debe estar en desarticular las redes criminales, perseguir a quienes las financian y utilizan menores, y fortalecer la investigación, la inteligencia financiera y la protección integral de la niñez. Solo así evitaremos que más adolescentes sean reclutados. (O)
