Se juega al lirón, lirón en el proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado. Nada está claro. Todo es opaco. Todo ocurre como siempre.
Por un lado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hace todos los méritos para demostrar que es un órgano inservible para el país. Su funcionamiento se ha convertido en sinónimo de desperfecto institucional, ruido y ausencia de sentido de Estado. Por otro lado, la postergación permanente del proceso no es gratuita: pretende producir diversos efectos en un escenario marcado por la falta de institucionalidad y por la carencia de un Estado responsable y serio en el cumplimiento de sus deberes. ¿Qué sabrán decir? «Fiscal no más es».
El Ecuador no debe olvidar que ya fue calificada por la Corte Constitucional una propuesta de enmienda constitucional para trasladar varias competencias de designación de autoridades desde el engendro constitucional denominado Consejo de Participación hacia la Asamblea Nacional. Esa propuesta, impulsada por el Ejecutivo, contiene disposiciones transitorias que establecen que todo lo actuado por el actual Consejo quedará sin efecto. Así de simple.
En las elecciones de noviembre deberán elegirse nuevos consejeros de este órgano, lo que volverá a provocar retrasos, nuevas conformaciones, recomposiciones y más conflictos. Todo indica que la designación del nuevo Fiscal General continuará postergándose. Y, como si ello fuera poco, durante años el concurso ha tenido un reglamento, luego otro; reformas, nuevas reformas; una comisión ciudadana y después otra más. Lirón, lirón.
Todo avanza con intenciones desconocidas para el país y con escasa transparencia. Se percibe una preocupante ausencia de voluntad para fortalecer al Estado y una persistente inclinación hacia fines subterráneos. Digo subterráneos porque poco parecen importar la transparencia, la celeridad y la coherencia con lo que demanda la sociedad. Se desperdician recursos humanos y económicos sin una verdadera visión de país.
Todo marcha lentamente, sin evaluaciones serias y sin que siquiera se conforme oportunamente la comisión encargada de preparar el concurso de oposición y méritos, incluida la elaboración del banco de preguntas para los candidatos a Fiscal General. Todo queda para después. El Estado, para después. Lirón, lirón. Por eso a los bandidos no les interesa que funcione la institucionalidad del país. Parecería que a nadie le importa ya el respeto por las normas.
El Consejo de Participación debería tener un mínimo de vergüenza institucional: pensar más en el Estado y menos en la lógica de la tajada. Debe desaparecer, porque constituye una de las expresiones más nocivas del hiperpresidencialismo a la ecuatoriana. (O)
@jchalco
