La desaparición de ocho niños de la Casa Hogar María Campi de Yoder no se reduce a un hecho aislado ni a un “error humano”. Es el síntoma de un sistema de protección que hace tiempo dejó de ser prioridad. Cuando el Estado separa a una niña, niño o adolescente de su familia para garantizar sus derechos, asume el deber más alto de cuidado. Si esos niños desaparecen, el Estado también desaparece con ellos.

Lo más preocupante no es únicamente la fuga, sino las preguntas que deja: ¿cómo ocurrió?, ¿por qué no existieron mecanismos eficaces de prevención?, ¿qué condiciones vivían dentro del centro para que escapar pareciera una opción? Las respuestas no se limitan a encontrar a los niños, por cierto, dos siguen desaparecidos; hay que revisar profundamente el sistema nacional de acogimiento, que desde hace años acumula denuncias por falta de personal, recursos insuficientes, violencia y abuso, y deficiencias en la supervisión.

La democracia se mide por la forma en que protege a quienes tienen menos poder. Si el Estado no puede garantizar la seguridad de quienes estaban bajo su custodia, no solo fracasa una institución, se fractura el pacto más elemental de confianza pública. La niñez no puede seguir pagando el costo de la negligencia. La protección integral no admite improvisaciones, porque cada omisión puede convertirse en una tragedia. (O)

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