Casi todos los análisis apuntan a que las elecciones primarias para seleccionar candidatos a las diversas dignidades a elegirse en noviembre próximo no son más que pantomima para cumplir un requisito legal, importante sí, pero sin peso en la práctica.

A estas alturas del proceso electoral ya se conocen a los aspirantes a alcaldías, concejalías, prefecturas y juntas parroquiales rurales.

La mayoría de ellos son producto de alianzas disímiles entre partidos y movimientos que, aunque limitadas, surgen a última hora.

El pueblo tiene el deber cívico de evaluar no solo a los escogidos, también a quienes los escogieron; o, en el peor de los casos, se autoimpusieron, son pantalla o responden a otros intereses.

Mucho es pedir, pero los propios aspirantes, mientras hacen fila en el CNE para aceptar sus candidaturas, deben preguntarse a sí mismo si están en capacidad de asumir la tremenda responsabilidad de dirigir los gobiernos locales.

La autocrítica es materia pendiente entre los políticos. Ni siquiera la sopesan. Ni siquiera lo hacen los que están en funciones.

La realidad que vive cada ciudad dista mucho de lo que los candidatos piensan o creen pensar, de lo que ofrezcan o les recomienden ofrecer.

He allí otro espejo en el cual ellos deben mirarse, y siendo autocríticos, reconocer si en verdad están a la altura de las grandes exigencias, retos, y obligaciones; de si tienen el talante necesario para echarse sobre sus hombros el destino de esas jurisdicciones que, además, exigen transparencia, ética y honradez, todas ellas convertidas ahora, como antes, en letra muerta.

Los electores bien lo saben. Los candidatos no son solo ellos. Ni siquiera sus planes de trabajo, un mero listado de buenas intenciones; calcados, además.

Tras ellos hay todo un bosque de intenciones y aspiraciones, que solo salen a flote cuando ganan.