“Son muchos los que están en la lista”, advirtió John Reimberg, ministro del Interior, al referirse a los alcaldes que en el país están bajo investigación por delitos de distinta índole; en lo que va del 2026 se ha detenido a cinco burgomaestres.

Según el secretario de Estado, son muchos los alcaldes que han hecho de la elección popular una forma de enriquecimiento ilícito y no se han concentrado en el trabajo a favor de los ciudadanos.

“Los que tienen rabo de paja son los que están aterrados, son los que no duermen en paz, son los que tienen temor que a la medianoche tumben sus puertas para llegar a ellos, eso es algo que lo vamos a seguir haciendo”, anticipó el ministro.

Los alcaldes detenidos

En los siete primeros meses del 2026 se ha detenido a cinco alcaldes, el caso emblemático es el de Aquiles Álvarez, burgomaestre de Guayaquil, contra quien pesa tres procesos penales, uno por comercialización ilegal de combustibles, otro por lavado de activos y uno más por retirarse el grillete de forma irregular.

El caso más reciente fue el de Darío Macas, alcalde de Machala (El Oro), a quien se le acusa de supuesto enriquecimiento ilícito; mientras que a la burgomaestre de Jipijapa (Manabí), Ángela Plua, se la señaló por delincuencia organizada, sería la cabecilla de una supuesta red que comercializaba documentos de tránsito.

Además, está lo sucedido con Vicko Villacís (Esmeraldas), a quien se le detuvo por su participación en una estructura de lavado de activos; en cuanto a José Arroyo (Pujilí), se lo detuvo por un caso de peculado.

Investigación de alcaldes en la Asamblea Nacional

Desde la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional se ha iniciado un proceso de fiscalización a las declaraciones juramentadas de las autoridades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), de la que también se estima que saldrán nuevos procesos penales.

Es que, según Gabriela Sulca, subcontralora general del Estado, en los últimos 10 años la institución he emitido 774 informes con responsabilidad penal en contra de prefectos, alcaldes y miembros de las juntas parroquiales, la mayoría obedecen a irregularidades en los contratos realizados durante su administración.

Adicionalmente, en la Comisión de GADs también se investiga a las autoridades locales, en este caso se indaga a quienes en el último período, que va desde el 2023, han tenido un crecimiento injustificado de sus patrimonios.

Infracciones electorales

Otro frente de investigación en contra de los alcaldes del país se abrió en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE); el caso más extremo fue el del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, al cual se le suspendió sus derechos políticos por seis meses por una infracción electoral relacionada con violencia política de género, lo que le obligó a dejar el cargo.

 Además, en el TCE también se sancionó a Javier Pincay, alcalde de Portoviejo, quien también perdió sus derechos políticos, aunque continúa al mando de la Alcaldía; mientras que a Darío Macas, burgomaestre de Machala, se le denunció por campaña anticipada.

Herramienta contra el opositor

Aunque para el jurista Juan Pablo Albán, la mala práctica de usar el sistema de justicia para contener a los opositores no es nueva, sí es la primera vez que se lo utiliza para despejar la cancha electoral y asegurar que los potenciales contendores no puedan participar en las seccionales, porque están criminalizados.

“Son procesos curiosos, primero por su velocidad, segundo por su falta de garantías y tercero porque el ministro del Interior, John Reimberg, se ha convertido en el vocero de la Fiscalía, es el que encabeza los operativos de allanamiento y captura, y es el que luego hace declaraciones sobre lo que va a pasar en las causas, cuando esto pasaba en el Gobierno de Rafael Correa, todos se escandalizaban, pero, ahora es normal”, afirmó Albán.

Tanto a Juan Pablo Albán, como al jurista Xavier Andrade, lo que más les llama atención es el abuso de la prisión preventiva, que es un recurso que solo se puede usar en casos extremos, pero, se ha empleado para todos los alcaldes de oposición.

“Existe un uso privilegiado no solo de la prisión preventiva, sino también de la investigación judicial, que se aplica para unos, pero, para otros no, por ejemplo, no se investiga a los ministros relacionados con el caso Progen, pese a que lideraron este proceso que terminó en una estafa al Estado”, señaló el experto.

Por su parte el ministro del Interior negó que se trate de una persecución política y recalcó que los alcaldes detenidos no han podido demostrar que no son responsables de los delitos que se les imputa.