El devastador doblete sísmico del 24 de junio colocó a Venezuela ante una emergencia humanitaria sin precedentes. El desastre dejó al descubierto la aguda fragilidad de una infraestructura deteriorada tras décadas de erosión institucional, lo que se suma al desafío en la esfera política. Tras la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de los Estados Unidos y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina, la gestión de esta crisis representa un reto para su supervivencia en Caracas.

Este escenario plantea dos posibles rutas. La primera nace en una apertura pragmática. La reconstrucción requiere asistencia técnica internacional que el gobierno interino no puede proveer por sí solo. Para obtenerla, Rodríguez tendría que coordinar esfuerzos con la oposición y con Washington, cuya influencia se amplió tras la Operación Resolución Absoluta. Una cooperación de este tipo aliviaría la contingencia y podría abrir el espacio para una transición negociada y elecciones transparentes.

La segunda es el atrincheramiento. Las deficiencias en la respuesta ante el terremoto podrían incrementar la presión social. Si el Ejecutivo interpreta esa escena como una amenaza a su continuidad, es probable que refuerce el control militar y limite las garantías ciudadanas. Ese curso de acción profundizaría el aislamiento y agravaría las debilidades estructurales del país. En última instancia, el rumbo de esa nación dependerá de si en su dirigencia prevalece la practicidad para impulsar la reconstrucción o la prioridad de conservar el poder, aun a costa de prolongar el ostracismo. (O)