El derecho a cuestionar al poder político es vital cuando se vive en una democracia verdadera.

Es la esencia de la libertad de expresión, además, consustancial al ser humano.

A un gobierno le hace bien cuando los ciudadanos, sin importar sus credos políticos o de otra índole, ejercen ese derecho sin miedo ni cortapisas.

Un gobernante es un personaje público. Todo cuanto hace o deja de hacer; sus decisiones, sus silencios, sus relaciones con los demás poderes del Estado, hasta con sus ministros y otros servidores de menor jerarquía, le vuelven sujeto de crítica.

Los mandantes se dan cuenta cuando el “primer ciudadano” del país comienza a mostrarse intolerante, autoritario; lo que es peor, cuando, por diversas formas, trata de acaparar más poder del que le permite la Constitución y demás leyes; a creer que el “Estado es él”; a menospreciar a sus críticos, a querer sacárselos de encima forzando el marco jurídico, cooptando otras instancias estatales, que por su naturaleza son independientes.

Si un ciudadano, más allá de su edad, de su representación política, de su peso intelectual, hace severas críticas al gobernante, porque, entre otras causales, analiza que torna autoritario, lo menos que puede esperar como reacción son respuestas con argumentos, no que sus segundones lo vilipendien.

Si ese ciudadano, con mayor razón si ejerció la presidencia de la República, dando la cara, no temiendo a represalias, sale a decir lo que, a su juicio, está ocurriendo con la democracia, no es poca cosa.

Con mayor razón si, como lo confiesa, se pone al frente para censurar al régimen, mientras otros están mudos por miedo, por no comprometerse, o porque no quieren el retorno de otros que gobernaron con iguales métodos antidemocráticos, pero que están bien emulados, hasta superados, por el gobernante criticado.

Un gobierno debe verse más a través del ojo crítico que por aquel que le hace guiños.