Si la Federación de Barrios de Cuenca alerta que en la ciudad ha incrementado la inseguridad, merece que las autoridades no la ignoren.

Tampoco que se confunda con el prurito de molestar; peor con el de no valorar los operativos ocasionales realizados por la Policía Nacional.

“El sentir ciudadano es diferente al de las autoridades”, expresa el presidente de la Federación, Roberto Mosquera.

Es que delitos como el asalto en los espacios públicos, muchos de ellos en motocicletas; el robo en domicilios, de piezas de automotores; la prostitución clandestina, entre otros, ya son habituales en Cuenca.

Sobre la inseguridad, una cosa son las estadísticas difundidas por las autoridades; otra, muy distinta, proviene de los hechos delictivos no denunciados en Fiscalía.

No funcionan varios sistemas de alarmas comunitarias. Lo sabe el Consejo de Seguridad Ciudadana.

Algunas Unidades de Policía Comunitaria permanecen cerradas. Lo saben las autoridades pertinentes.

No es la primera vez, acaso ni será la última, que se alerta sobre la inseguridad que acecha en Totoracocha, uno de los barrios más grandes de Cuenca.

Allí, robos, asaltos, libación y drogadicción nocturna en los espacios públicos, son comunes, como también lo es la prostitución clandestina.

Semanas atrás, ante la queja ciudadana, se realizaron operativos policiales. Sus efectos disuasivos duran lo que dura la permanencia de la Policía en el sector.

Con razón se dice que la seguridad compete a todos, si bien la debe liderar el Estado.

En esa medida, sigue en el limbo saber sobre la reestructuración del plan de seguridad elaborado por la Municipalidad, tal como lo ofreció la alcaldesa subrogante.

Cualquier plan, si no involucra a la ciudadanía, cojea por cualquier lado. Y lo que menos se ve, es eso.

No puede esperarse a que la inseguridad llegue a extremos como en Quito, para que el Gobierno despierte y actúe con toda la fuerza que le otorga la Constitución.