Parte de ajetreo en el que andan los candidatos a alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales rurales es la presentación de los planes de trabajo.

Es uno de los requisitos previstos en la ley para inscribir sus candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral.

No está mal que les digan a sus electores qué harán, en caso de ganar, durante su administración, sobre todo, cómo y con qué.

El incumplimiento de esos planes, al cabo del primer año de gestión o cuando falte uno para concluirla, les puede costar el cargo, siempre y cuando, previo cumplimiento de una serie de requisitos, la ciudadanía opte por la revocatoria del mandato.

Lo que, si está en duda, por decir lo menos, es si los electores se permiten revisar esos famosos planes, confrontarlos no solo entre sí, sino con la realidad por la que atraviesan los gobiernos locales, siempre apremiados por bajos presupuestos, endeudados, sin capacidad para acceder a créditos, con una obesa burocracia, mientras las necesidades colectivas rebasan con amplitud las ofertas escritas en el papel.

Como si eso fuera poco, los candidatos suelen prometer más de lo que sustentan en sus programas, fiel a la estrategia electoralista de ofrecer lo que la gente quiere oír o necesita, como no más impuestos, participación ciudadana, política de puertas abiertas, no incremento de tarifas por los servicios básicos; en fin, una serie de ofertas engañosas.

Lo correcto, lo ciudadano, sería que la gente se informe, analice, contraponga, accediendo a los planes entregados al CNE para anticiparse al potencial desengaño; en suma, para votar bien.

He allí también una tarea para los medios de comunicación serios, profesionales, que ya quedan pocos por supuesto, para hacer ese trabajo.

Los candidatos deberían ser entrevistados, confrontados por la gente, en base a sus planes, no tanto por lo que quieran decir o que digan lo sugerido por sus asesores.

Lo demás será solo ruido.