Análisis político
Una serie de críticas ha recibido en los últimos días el Consejo Nacional Electoral (CNE), por dos hechos que se enmarcan en el proceso electoral en marcha para elegir a las nuevas autoridades locales, y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS,) el 29 de noviembre. Dos hechos que se suman a otros anteriores y que también recibirían cuestionamientos por diversos sectores políticos, sociales y de la opinión pública.
Un primer hecho es la reunión de un miembro de la Delegación Electoral de Manabí con el candidato a la Prefectura de esa provincia por el partido ADN, un día antes de la descalificación que dicha delegación hiciera a la candidata a la Prefectura por la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González. Se trata de una situación que pondría en entredicho, una vez más, la independencia con la que debería actuar el CNE en el proceso electoral; amén de que debería ser investigada y, de ser el caso, conllevar sanciones para los responsables.
El otro hecho es el audio en el cual se escucha a la Vicepresidente del CNE, durante una sesión de este, preguntar “a quién le damos Guayas” y luego decir “ADN”; una situación que denotaría el reparto político que se estaría dando en las Delegaciones electorales del CNE en las provincias, en este caso a favor del partido de Gobierno por el particular interés que tiene este de ganar las elecciones en la provincia del Guayas y en su capital Guayaquil. Se trata de un hecho que se convertiría en una nueva evidencia de la falta de independencia, frente al Gobierno, con la cual estaría actuando la mayoría de miembros del CNE.
A esos hechos habría que añadir resoluciones tomadas anteriormente, como el inconsulto e inconstitucional adelanto de las elecciones para noviembre, la eliminación de los partidos Unidad Popular y Construye (anulada posteriormente), y la demanda a Pachakutik por una supuesta infracción electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE); un Tribunal que también haría gala de una falta de independencia y de una actuación favorable a los intereses políticos del Gobierno de turno, con resoluciones como la proscripción de partidos y sanciones a figuras políticas de oposición. En este escenario, las elecciones corren el riesgo de no ser democráticas. (O)
