A pocos meses de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, las dudas y críticas que generó el entorno de colaboradores de la actual administración municipal de Cuenca han abierto un debate sobre los criterios que pesan al momento de escoger a quienes acompañan a una autoridad en el ejercicio del poder.
La discusión cobra mayor importancia a medida que se acercan los comicios. Quienes aspiran a dirigir el Municipio de Cuenca, el Gobierno Provincial del Azuay y los gobiernos parroquiales no solo tendrán que explicar qué quieren hacer, sino también quiénes los acompañarán para hacerlo.
Conocer sus nombres, formación y experiencia permitiría a los ciudadanos valorar, antes de acudir a las urnas, el equipo que podría asumir responsabilidades públicas.
Por eso, el debate sobre meritocracia y ‘amigocracia’ no se limita a determinar quién tiene la facultad legal de nombrar funcionarios. También plantea qué estándares debería exigir la ciudadanía a quienes aspiran a gobernar y cuánto están dispuestos esos candidatos a transparentar sobre las personas que estarán a su lado.
Discrecionalidad y elección de funcionarios de confianza
Para Marco Machado, abogado especializado en administración pública, la ley reconoce un margen de discrecionalidad para que las autoridades designen y remuevan a funcionarios de confianza.
Esa facultad, explica, no significa que cualquier designación tenga el mismo sentido. Una cosa es un cargo de libre nombramiento y otra entregar una función a simpatizantes, amigos o como parte de cuotas políticas.
La diferencia está en el propósito. Quienes ocupan cargos ejecutivos deben compartir el proyecto político de la autoridad, pero también contar con la preparación necesaria.
Machado advierte que una persona puede cumplir los requisitos legales y, aun así, no ser idónea para una determinada responsabilidad. Las cuotas surgidas de alianzas o acuerdos políticos no necesariamente están vinculadas con la meritocracia en la administración pública.
El problema, además, está en que los ciudadanos votan por el alcalde, el prefecto o los integrantes de las juntas parroquiales, pero no por quienes los acompañan en la administración. Para Machado, es el desempeño efectivo de esos funcionarios el que termina legitimando su designación.
Candidatos deberían presentar a sus equipos
Juan Darquea, abogado y exgobernador (e) del Azuay, considera que los candidatos deberían presentar a la ciudadanía los equipos con los que pretenden gobernar.
No solo deben explicar sus propuestas y cómo las financiarán, sostiene, sino también quiénes serán sus colaboradores.
A su juicio, esos equipos deben estar integrados por profesionales con experiencia y conocimientos en las distintas áreas de la administración. También plantea que las juntas parroquiales cuenten con equipos técnicos mínimos y que exista una mayor articulación entre el Municipio y esos gobiernos.
Darquea propone que los candidatos recurran a las universidades y a los colegios profesionales para encontrar respaldo técnico y posibles colaboradores. En Cuenca, dice, existe capacidad académica suficiente para aportar en las diferentes áreas de la gestión pública.
La formación, añade, debe estar acompañada de experiencia y probidad. No se trata solamente de tener un título, sino de que los conocimientos guarden relación con las responsabilidades que se asumirán.
Comunicación institucional: formación y experiencia
La discusión alcanza un terreno particularmente sensible en la comunicación pública.
Manuel Vallejo, expresidente del Colegio de Periodistas del Azuay, recuerda que durante su gestión pidió formalmente a instituciones como la Fiscalía y la Corte Provincial de Justicia del Azuay que incorporaran profesionales de la comunicación. El pedido fue acogido y, según señala, esas entidades cuentan actualmente con profesionales del área.
Vallejo cuestiona que en otras instituciones, entre ellas el Municipio, el argumento de que determinados puestos son de libre remoción termine desplazando la formación profesional.
Para él, quien dirige una comunicación institucional debe tener preparación académica y experiencia en comunicación social.
Su preocupación no se limita a esa profesión. Considera que la formación especializada debe ser un criterio para los cargos técnicos en general.
Cuando una persona llega a una función por favoritismo, sostiene, existe el riesgo de que termine respondiendo principalmente a la autoridad que la designó y no a las necesidades de la institución y de sus usuarios.
Transparencia de los equipos de gobierno
Mónica Banegas, exconsejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), coloca el otro elemento de la discusión: la transparencia.
Considera que las autoridades deberían hacer públicos los perfiles de quienes integrarán sus equipos, especialmente en cargos estratégicos.
Para Banegas, debe existir un equilibrio entre capacidad técnica y confianza política. No siempre será sencillo encontrar personas que reúnan ambas condiciones, pero considera que esa debería ser la exigencia.
A su juicio, las veedurías siguen siendo una herramienta válida y los municipios y prefecturas, por su cercanía con la población, deberían mantenerse abiertos al escrutinio público.
La tecnología, agrega, permite transparentar perfiles y facilitar mecanismos para evaluar la idoneidad y el desempeño de los funcionarios.
Participación ciudadana y control social
Machado observa, sin embargo, que actualmente no existe a escala local un mecanismo similar al de los procesos nacionales en los que determinadas candidaturas pueden ser sometidas a impugnación ciudadana.
Una alternativa, plantea, sería una reforma que fortalezca la participación y el control social en estas decisiones.
También propone aprovechar la experiencia de quienes ya trabajan en las instituciones. Funcionarios con conocimiento de la administración pública podrían asumir temporalmente cargos de dirección mediante encargos y luego regresar a sus puestos.
Para el abogado, esa fórmula permitiría aprovechar experiencia acumulada y reducir el peso de compromisos políticos o personales.
Organizaciones políticas también deben formar cuadros
En tanto, Darquea cree que la solución pasa también por fortalecer a las propias organizaciones políticas.
Más participación ciudadana, capacitación y presencia de profesionales permitirían que los partidos y movimientos lleguen a las elecciones con cuadros preparados para administrar lo público.
La discusión, por tanto, no solo involucra a quienes ocupan o aspiran a ocupar cargos públicos, sino también a las organizaciones políticas que deben preparar a sus equipos para asumir responsabilidades de gobierno.
Candidatos deberían transparentar quiénes los acompañarán
Banegas plantea una obligación más directa para quienes aspiran a gobernar.
Los candidatos deberían transparentar, al menos, quiénes podrían integrar las áreas estratégicas de sus futuros gobiernos.
Reconoce que revelar nombres puede tener un costo electoral, pero considera que precisamente allí se encuentra el compromiso con la ciudadanía.
De cara a las elecciones seccionales de 2026, el debate queda abierto: además de conocer las propuestas de los candidatos, los electores tendrán que valorar la preparación, experiencia y trayectoria de quienes podrían acompañarlos en la gestión de los gobiernos locales. (I)
ENTREVISTA / Ruth Hidalgo, directora de Participación Ciudadana
Ruth Hidalgo opina que los candidatos deben hacer compromiso público de rodear la gestión municipal con gente idónea. / Foto Cortesía
«Un compromiso antes de las elecciones«
– ¿Cómo distinguir entre un equipo conformado por personas de confianza y uno construido a partir de cuotas políticas?
Una de las principales estrategias de un candidato para generar confianza es transparentar tempranamente quiénes podrían acompañarlo en su equipo de trabajo. Los gobiernos locales tienen funciones muy delicadas. Más allá de los espacios que políticamente deben ocupar los concejales, para la gestión municipal es vital contar con personas que profesionalmente respondan a la responsabilidad de administrar un gobierno local. Por eso es importante que los candidatos informen con qué perfiles están pensando trabajar.
– ¿Qué deberían transparentar los candidatos sobre sus equipos?
Antes del debate, por ejemplo, deberían publicar en sus redes sociales o en un sitio de fácil acceso quiénes son las personas que están considerando para acompañarlos. No necesita ser algo demasiado detallado. Podrían señalar quién estaría a cargo de la administración municipal, de las relaciones internacionales y cooperación, de la Secretaría de Ambiente o de las principales gerencias y empresas municipales. Transparentar esos perfiles daría tranquilidad a la ciudadanía. Además, rodearse de gente idónea podría contribuir incluso a generar mayor aceptación y obtener más votos.
– ¿Deberían asumir ese compromiso antes de las elecciones?
Yo creo que es importante. La situación de los gobiernos locales es tan compleja que, si un candidato no está en capacidad de transparentar una información que debería ser básica, eso genera dudas.
Si alguien se candidatiza para una alcaldía, un puesto tan importante para las ciudades y provincias del Ecuador, debería tener al menos la capacidad de transparentar quiénes podrían acompañarlo.
Ciudadanía debe estar vigilante
– ¿Cómo puede vigilar la ciudadanía esos nombramientos?
La ciudadanía debería articularse y mantenerse vigilante. Desde la sociedad civil debe presionar para que los candidatos asuman y cumplan un compromiso público de rodear la gestión municipal con gente idónea.
– ¿Debe existir un estándar de transparencia sobre los funcionarios?
No existe un mecanismo formal de alerta temprana. Sin embargo, una vez que las autoridades entran en funciones, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece parámetros que obligan a los gobiernos locales a informar datos claves, como los nombres de quienes ocupan cargos importantes, sus sueldos y las obligaciones y responsabilidades que tendrán. Aunque no exista un mecanismo formal, la ciudadanía tiene un papel importante. Puede articularse mediante veedurías.
– ¿Qué señales deberían generar una alerta?
Cada puesto requiere un perfil determinado. Por ejemplo, si se nombra como procurador jurídico de un municipio a una persona sin experiencia en contratación pública, litigio o temas laborales y que nunca ha ejercido una actividad similar, eso debería constituir inmediatamente una alerta temprana. La ciudadanía debería preocuparse o dudar cuando una persona no idónea es asignada a un cargo que exige conocimientos y experiencia específicos. (I)
¿QUÉ DICE LA LEY?
- Constitución: Art. 228 ordena que el ingreso y ascenso en el servicio público, incluidos los GAD, sea únicamente mediante concursos de méritos y oposición.
- LOSEP: Exige ganar un concurso público de méritos para obtener nombramientos definitivos; exceptúa solo a los cargos de libre remoción o temporales.
- COOTAD: Otorga autonomía a los alcaldes y prefectos para designar a su personal de confianza, pero obliga a aplicar la LOSEP al resto de funcionarios.
- Normas del Ministerio de Trabajo: Fijan los parámetros técnicos y operativos obligatorios que los GAD deben seguir para publicar y evaluar transparentemente los concursos públicos.
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