Los organizadores de la marcha conmemorativa de la Gran Marcha por el Agua, prevista para este 16 de septiembre de 2026, piden que esta manifestación ciudadana no sea utilizada con fines políticos.
Este pedido adquiere especial relevancia porque coincide con las actividades proselitistas de algunos candidatos que participarán en las Elecciones Seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) 2027.
Los activistas sostienen que la convocatoria pertenece a la ciudadanía y que ningún postulante, movimiento o partido político debe apropiarse de ella para posicionar sus propuestas o promover candidaturas.
Y es que algunos candidatos buscan abanderar el cuidado del agua y convertir esta causa en parte de su discurso electoral, bajo la idea de que asumir esta bandera podría acercarlos a un mayor respaldo en las urnas.
Votos
Sin embargo, los promotores de la marcha consideran que esa estrategia no necesariamente se traducirá en votos, pues la defensa del agua trasciende las campañas y responde a una demanda ciudadana real.
Paúl Carrasco, candidato a la Alcaldía de Cuenca por la alianza Cuencanos como Vos, difundió un comunicado de prensa por medio del cual informó que no participará en esta marcha.
En el escrito que publicó consta: “ni políticos ni candidatos debemos participar en un evento ciudadano… En esta ocasión hay que respetar la iniciativa de los cuencanos…”.
La Gran Marcha por el Agua, que fue el 16 de septiembre de 2025, es considerada una de las manifestaciones ciudadanas y ambientales más multitudinarias en la historia de Cuenca. Se estima que participaron al menos 100.000 personas.
La protesta se hizo en oposición al proyecto minero Loma Larga, a cargo de Dundee Precious Metals (DPM), y para exigir respeto a los resultados de la consulta popular del 7 de febrero de 2021.
Organizadora
Carmita Pérez, pobladora de Victoria del Portete y vocera de la Gran Marcha por el Agua, explica que la conmemoración no será un festejo, sino una oportunidad para mantener vigente la vigilancia sobre Quimsacocha.
Pérez sostiene que la lucha continúa porque la licencia ambiental del proyecto minero fue revocada, pero la concesión permanece vigente. Por eso, las comunidades exigen el cierre definitivo y no solo la suspensión.
La dirigente cuestiona que haya guardias y restricciones para ingresar a los páramos de Quimsacocha, pues relata que incluso le pidieron un permiso de la empresa minera y un guía para recorrer ese territorio.
Para Pérez, resulta indignante que el Estado permita esa situación porque las comunidades no quieren únicamente una suspensión minera, sino el retiro definitivo de las operaciones y la protección del agua.
Sobre la participación de políticos, Pérez pide estar alertas frente a quienes aparezcan durante la marcha con discursos de defensa del agua. A su criterio, las comunidades saben reconocer a quienes han sostenido esta lucha.
La vocera recuerda que algunas mujeres que iniciaron la defensa de Quimsacocha ya son adultas mayores y otras han fallecido. Por ello, considera necesario continuar su legado y mantener viva la movilización ciudadana.
Pérez también cuestiona que políticos que ejercieron cargos públicos pretendan ahora presentarse como defensores del agua. Menciona el caso de Río Blanco y sostiene que esos antecedentes no pueden ser olvidados.
Considera que quienes quieran acudir a la marcha deben hacerlo como ciudadanos y sin utilizar la movilización para promoverse, porque la defensa del agua no pertenece a una candidatura.
La FOA
Lauro Sigcha, presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), cree que la propia ciudadanía rechazará cualquier intento de convertir la marcha en una plataforma política.
Sigcha reconoce que no se puede impedir a los candidatos asistir como ciudadanos, pero plantea que no deberían realizar actividades proselitistas. Además, recuerda que la campaña oficial todavía no ha comenzado.
El dirigente señala que algunos candidatos podrían intentar aprovechar la multitud para ganar visibilidad. Sin embargo, advierte que esa estrategia puede resultar contraproducente, porque la gente identifica cuándo buscan hacer propaganda.
A su criterio, si un candidato intenta utilizar el evento para promocionarse, la ciudadanía puede expresar su malestar. Sigcha sostiene que esa conducta no generaría votos, sino rechazo entre quienes defienden el agua.
Afirma que la defensa del agua tiene un carácter social y comunitario que trasciende organizaciones y ciudades. Por eso, sostiene que ningún candidato debería apropiarse de una causa construida durante años.
Añade que la marcha también servirá para insistir en el cierre definitivo de Loma Larga, el abandono del campamento minero y la salida de sus oficinas de Victoria del Portete.
Lucha histórica
Lizardo Zhagui, presidente de la Junta Administrativa de Agua Potable de Victoria del Portete y Tarqui, sostiene que quienes han defendido el agua durante décadas pueden distinguir una convicción de una estrategia electoral.
Zhagui cuestiona que algunos candidatos aparezcan ahora como defensores del agua por la coyuntura electoral. Recuerda que quienes sostienen esta lucha han enfrentado procesos judiciales, prisión, insultos y otras presiones.
El dirigente considera condenable que personas que no participaron activamente en la defensa de las fuentes de agua intenten aprovechar la causa. Asegura que la ciudadanía conoce a quienes han estado en el territorio.
Zhagui recuerda decisiones relacionadas con Río Blanco y Quimsacocha y cuestiona que exautoridades que, según su versión, dieron luz verde a iniciativas mineras aparezcan ahora como salvadores del agua. La gente lo recuerda.
Para Zhagui, la Gran Marcha por el Agua nació desde las comunidades cuando sintieron que el avance minero podía afectar las fuentes que sostienen a Victoria del Portete, Tarqui, Girón y otros sectores de Azuay.
Explica que la preocupación se extendió a otros sistemas de agua y colectivos de Cuenca, hasta convertirse en una movilización masiva. La sequía y la experiencia de otros territorios reforzaron la defensa de los páramos.
El dirigente sostiene que la lucha por el agua tiene más de tres décadas y que la conmemoración permitirá mantener alerta a la población. Aunque la licencia ambiental fue retirada, advierte que las concesiones siguen vigentes.
Finalmente, Zhagui señala que la defensa del agua continúa pese a los procesos judiciales que, según afirma, han enfrentado varios activistas. Asegura que esas acciones también han generado temor entre integrantes históricos.
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