La transportación parroquial presentó una acción de protección en contra del Concejo Cantonal de Cuenca y de la alcaldesa Marisol Peñaloza, con el objetivo de que se revisen las tarifas vigentes de los pasajes y se analice un posible incremento.
En este contexto, un grupo de transportistas realizó este miércoles 9 de septiembre un plantón en los exteriores del Complejo Judicial del Azuay para exigir una respuesta oportuna a su pedido. Los manifestantes señalaron que atraviesan dificultades económicas para desarrollar su actividad y contar con los recursos necesarios para mantener a sus hogares.
Brigitte Verdugo, abogada de la Federación de Transporte Intracantonal Rural de Cuenca, señaló la necesidad de que los concejales fijen las tarifas con base en los costos y gastos reales de operación, conforme establece la ley.
La jurista cuestionó que desde 2021 se haya postergado la revisión tarifaria, pese a los análisis que se han realizado, sin que hasta el momento exista una respuesta concreta.
Verdugo sostuvo que la fijación de nuevas tarifas permitirá establecer valores acordes con los costos de operación y evitar situaciones en las que “cobrar lo que yo quiero y te pago lo que yo quiero”.
En la audiencia inicial no se emitió ninguna resolución respecto a la acción de protección. (I)
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