Qué mal andará la justicia que quien fuera denunciado por robo, si bien luego sobreseído, haya impugnado a dos candidatos para Fiscal General del Estado, los mejor puntuados en el concurso que para el efecto lleva adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de la Comisión Ciudadana de Selección (CCS), ampliamente cuestionada como el mismo Cpccs.

Se trata de un joven de 19 años de edad, de oficio tatuador; no es abogado ni forma parte de algún colectivo activista.

No es que eso le impida ejercer su derecho a impugnar, que tampoco está vedado para ningún ecuatoriano.

Empero, no deja de llamar la atención que, mientras la mayoría de la ciudadanía se mantiene apática frente a un concurso del que, nada más, nada menos, saldrá el nuevo Fiscal General, quizás la autoridad con el mayor peso dentro de la justicia, sea un individuo con tal hoja de vida el que lo haga.

Finalmente no asistió ante la CCS para sustentar su impugnación. Esto deja interrogantes e inquietudes.

Con mayor razón si los impugnados tienen el más alto puntaje, igual que el fiscal encargado, y de entre ellos, si no ocurre algún imprevisto, saldrá quien sucederá a Diana Salazar.

No pocos se preguntarán, ¿quién está detrás del joven impugnante, con mayor razón si arremete contra los mejores candidatos, los más idóneos, se supone, que, paradójicamente, acumulan una serie de objeciones, la mayoría calificadas, no así el fiscal encargado?

Es más, no es que las impugnaciones se aceptan por el solo hecho de presentarlas. Deben ser previamente calificadas por la referida Comisión.

En el caso del joven, en primera instancia no fue admitida. La apeló, y la mayoría del Cpccs, de la cual se dice que está cooptada por el Gobierno, terminó aceptándola.

Por lo descrito, cualquier cosa, novedad o hecho insólito, puede suceder en el concurso.