Los conservadores habían ganado la Presidencia después de 8 años de gobierno demócrata con Bill Clinton al frente. Victoria ceñidísima pero victoria al fin en una de las elecciones más ajustadas que se recuerden, tanto que la justicia estadounidense tuvo que dirimir a favor de uno de los contendientes. En La Florida dieron el fallo que le otorgaba a George Bush, hijo, 4 años de gobierno, decisión polémica pues todos consideraban que los demócratas habían ganado.

El nuevo residente del palacio presidencial ni bien llegado envió al Congreso una ley sobre los derechos ciudadanos 100 por 100 punitiva. Al contrario de lo que era hasta entonces, la policía podía entrar al domicilio de alguien y arrestarlo sin necesidad de permiso de ningún juez ni cargo concreto. Si se aprobaba, nadie podía considerarse protegido y el país, en la práctica, no sería más el adalid de las libertades. Los congresistas conscientes devolvieron el panfleto.

Pero Bush, con el argumento de la seguridad estatal, no quedó contento. Su idea de un país absolutamente seguro por encima de todo y de todos, de leyes y pobladores, permanecía. Legalmente ya no era posible. Quedaba el camino de los hechos consumados al cual, en bien de la nación, nadie podría oponerse ni siquiera el poder legislativo que negó la ley que envió. El problema de cómo hacerlo sin protestas ni negaciones de ninguna naturaleza se salvó con el estrellamiento, el 11 de setiembre de 2001, de 2 aviones en las Torres Gemelas (WTC), uno de los símbolos del poder económico norteamericano, una explosión inconvincente (atribuido a otro avión) en el centro de mando armado, El Pentágono, y la supuesta caída de una nave comercial en un paraje no habitado que no dejó constancia de muertos ni del impacto.

Ante esto el presidente de los Estados Unidos, George Bush, se desató del derecho y ya podía imponer, como lo hizo después urgente y cruelmente, un estilo tiránico y dictatorial con faz de legalidad sin que nadie objetara y menos intentara siquiera atreverse a impedirlo. (O)