Análisis político

A medida que avanza el proceso para el “concurso” de selección del Fiscal general titular de la nación, se multiplican los cuestionamientos a la idoneidad y transparencia del proceso, cuestionamientos que comenzaron la designación de la denominada “comisión ciudadana” que lleva adelante dicho “concurso”.

Es que para esa comisión fueron designados, por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), personas que en la prueba obtuvieron un puntaje inferior a 25/50. Esta situación unida a que otros miembros de la comisión fueron nombrados por otras instituciones del Estado, que actualmente están controladas por el Ejecutivo, ya hacían prever que lo se buscaría es lograr el nombramiento de un Fiscal subordinado al Gobierno, a través de un concurso manipulado y no auténtico, como lamentablemente también se dio en Gobiernos anteriores. La descalificación reciente de las dos concursantes que obtuvieron la más alta calificación en méritos, apunta también en esa dirección.

Si esto finalmente se concreta, seguiríamos otra vez en el país con un Fiscal General al servicio de los intereses políticos del Gobierno de turno, esto es con una Fiscalía de bolsillo, muy ágil y eficaz para armar o perseguir casos referidos a opositores políticos, pero muy lenta e ineficaz para perseguir las irregularidades y casos de corrupción que involucrarían a personajes políticos del Gobierno; amén de la lentitud y poca eficacia para combatir la delincuencia y criminalidad.

Aún más, actualmente en el país no sólo que se evidencia la presencia de un Fiscal General encargado que actúa bajo los lineamientos del Gobierno, sino que además ha sido objeto de críticas por haber sido nombrado por el Consejo de la Judicatura, en la época en la que lo presidió el también cuestionado Mario Godoy, y no por el CPCCS como correspondía legalmente.

En este contexto, la necesidad de contar con una Fiscalía General proba e independiente, de los Gobiernos de turno y de otros grupos de interés, no sólo que es una tarea urgente en la conflictiva situación de inseguridad que actualmente vive el país, sino que es una tarea indispensable para lograr que en Ecuador se instaure una institucionalidad estatal auténtica y plenamente democrática. (O)