En los últimos tiempos Luisa González habría realizado más de 60 viajes al extranjero, ese es el principal argumento que presentó la fiscal del caso Laberinto para pedir la prisión preventiva en contra de una de las líderes de la Revolución Ciudadana (RC), pues este hecho implicaría un potencial riesgo de fuga.

Acogiendo el argumento de la Fiscalía, el juez Harry Navarrete dispuso la prisión preventiva para González, el exasambleísta Santiago Díaz y la dirigente del movimiento Reto, Wendy Onofre.

Además, el magistrado que investiga el supuesto delito de lavado de activos estableció la presentación periódica ante la justicia de Estefanía Molina, quien habría sido asesora de González, que además tendrá prohibido salir del país y portará un dispositivo de vigilancia electrónica

González acusa a fiscal de engañar al juez

Según Luisa González, al momento en el que fiscal argumentó sus más de 60 viajes al exterior para que se le dicte la prisión preventiva, “engañó” al juez, pues estas salidas al extranjero no corresponderían al último año, sino que se realizaron en 10 años.

“Señor juez, quiero ser muy clara en decir que la señora fiscal intenta engañar a su señoría y desvirtuar la presentación de los arraigos, diciendo que tengo 60 salidas del país, sin decir desde cuando ha contabilizado esto, que es por un período de más de 10 años en lo que ella está contabilizando. Entonces, intenta engañar a su señoría, dando una información a medias”, afirmó González.

No se ha escapado

De acuerdo con la ahora procesada, el argumento de la fiscal para señalar que existía riesgo de que se escape a otro país, si no se le dictaba la prisión preventiva, carecía de sustento, pues desde enero del 2026 es investigada por el caso Caja Chica y en varias ocasiones ha salido del país, pero, ha regresado.

“La primera vez que fui allanada el 28 de enero, pude haberme ido, de ahí en adelante, y esto lo omite la señora fiscal, he salido varias veces del país y en todas he regresado, y en una de ellas, en el mes de abril, yo retorné pese a la amenaza que me hizo John Reimberg ministro del interior”, puntualizó González.

Adicionalmente, la dirigente de la RC señaló que al momento enfrenta 19 procesos penales, pese a eso, ha decidido defenderse en presencia, porque se considera una “perseguida política”.

Según los registros que Luisa González ha publicado en sus redes sociales, desde enero del 2026 realizó una gira por la región, que incluyó a Colombia, Uruguay y anunció el traslado a México; también estuvo en España.

Un mensaje a su militancia

Mientras Luisa González estuvo detenida en el Cuartel Modelo de la Policía Nacional, en Guayaquil, grabó un audio dirigido a la militancia de la RC, en el que les aseguró que se mantiene firme y que jamás tuvo la intención de darse a la fuga, sino dar la cara, “como los que luchan por amor a la nuestra patria”.

“Debemos insistir, no dejar de insistir, porque claudicar nos es una opción y darnos por vencidos tampoco, jamás pensé en irme, siempre me he quedado aquí y seguiré aquí, porque todo pasa, y este narcogobierno pasará también y se queda la patria, y lucharemos junto a ustedes por recuperar esa patria de paz”, afirmó la dirigente del correísmo.

Aportes irregulares de Aquiles Álvarez

La Fiscalía General del Estado formuló cargos en contra de cuatro personas: Luisa González, Santiago Díaz, Wendy Onofre y Estefanía Molina, por el delito de lavado de activos; las acusa de haber recibido 500 mil dólares para la campaña presidencial de la RC en el 2023.

El problema radica, según la Fiscalía, en que estos recursos provendrían de la comercialización ilegal de hidrocarburos, específicamente de la empresa Ternape, ligada al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, hecho que fue investigado en el caso Triple A, por el cual el burgomaestre del puerto principal recibió una sentencia de seis años y ocho meses.

Para garantizar que el delito se concretó, la Fiscalía contaría con chats, transferencias, facturas y versiones, entregados por un testigo protegido, que avalarían que Luisa González se benefició de este dinero para su candidatura presidencial del 2023, con lo que se pagó a brigadistas, movilización y logística, incluso se habría cubierto el costo del cierre de campaña.

Según la Unidad de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico, los aportes no se reportaron y se canalizaron mediante la simulación de conceptos comerciales, es decir, la empresa de Aquiles Álvarez y sus hermanos contrató la entrega de material promocional para su compañía, pero, en realidad se lo destinó para la campaña de la RC.